CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 

PRESENTA GPPRD TRES INICIATIVAS DE REFORMA PARA DOTAR DE MAYORES DERECHOS A LOS TRABAJADORES MEXICANOS

 Entrevista(audio) 16 de abril de 2010

 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 

 

Diputado Francisco Hernández Juárez (FHJ): Buenos días compañeros.

Como ustedes saben, hoy es finalmente el día en que vamos a tener la oportunidad para subir a la tribuna la propuesta para presentar tres iniciativas: una que tiene que ver con modificaciones a la Constitución, al Artículo 123, que incluye el reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos.

México es uno de los países en el mundo que ha firmado los Acuerdos Internacionales de la OIT y que, a pesar de que el gobierno ha suscrito sus convenios, no ha querido trabajar para que los derechos laborales sean considerados derechos humanos.

También plantear la desaparición del Apartado B para lograr que todos los trabajadores en México tengan los mismos derechos: contratación colectiva, derecho de huelga, garantizando para los trabajadores del Apartado B la conservación de todos sus derechos, en un apartado específico en la Ley Federal del Trabajo.

La desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se constituya un Instituto de salarios, capacitación y empleo y que sea la Cámara de Diputados la que determine los niveles salariales y no el gobierno, de manera que esto pueda propiciar una mejor condición salarial para los trabajadores.

Luego viene una propuesta, una iniciativa que plantea un seguro de desempleo, que tiene el propósito de lograr que los trabajadores que pierdan su empleo, no se queden en el desamparo y se fijan condiciones muy claras que nos aseguren que no se va a hacer mal uso de este derecho, que realmente proteja a los trabajadores que se queden en esta condición de desempleo por periodos muy concretos y se define claramente cuál va a ser la fuente de financiamiento para una propuesta de esta naturaleza.

Esa es la segunda iniciativa y la tercera, tiene que ver con toda la modernización de la Ley Federal del Trabajo, literalmente vamos a la actualización de más de la mitad de los artículos que tiene la Ley del Trabajo; la federalización de la justicia laboral, la salida de las Juntas de Conciliación de la Secretaría del Trabajo para que del ámbito ejecutivo pasen al ámbito judicial y quitar la toma de nota de la Secretaría del Trabajo que se ha constituido como un instrumento de control y de agresión contra los sindicatos.

En términos generales esas son las tres iniciativas que vamos a subir hoy a la Tribuna y en principio, esta es una propuesta del PRD y de la mayoría de los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores.

Pregunta: Diputado, sobre el tema de transparencia en los sindicatos, ¿quién va a regularlo?

FHJ: Estamos totalmente de acuerdo en que los sindicatos rindan cuentas, sobre todo los que reciben recursos del sector público, obviamente los sindicatos del sector privado también, en primer lugar a los trabajadores.

Eventualmente, si tienen que rendir cuentas, que no se constituya ante cualquier autoridad como un instrumento en el que Hacienda quiera meter mano en las cuotas de los trabajadores para aplicarles impuestos, porque en realidad, además de la transparencia al gobierno y a Hacienda, andan tras esto y nos parece que es completamente inadmisible porque no se puede pagar doble tributación; es decir: los trabajadores, cuando aportan su cuota a la organización sindical, ya lo hacen después de haber pagado impuestos.

De manera que si quieren meterle mano a las cuotas de los trabajadores, que sirven para que sus sindicatos puedan operar, estaría ocurriendo una doble tributación que sería inadmisible, pero absolutamente estamos de acuerdo en la transparencia, que está incluida en la propuesta que se está presentando.

Pregunta: En cuanto a la elección de los líderes, ¿hay alguna…?

FHJ: Todo es a través del voto universal y secreto. Las decisiones para las asambleas, para las huelgas, para la elección de los dirigentes; en esencia, la propuesta tiene el propósito de modernizar y democratizar el mundo del trabajo.

Si no se impulsa este proceso dentro del mundo del trabajo, menos el país va a poder consolidarse democráticamente; mientras el país avance hacia su consolidación democrática. El mundo del trabajo sigue estancado con las estructuras que se crearon para el control, para el corporativismo, nos parece que eso es inadmisible.

La propuesta que yo presento tiene el propósito de poner al mundo del trabajo en el nuevo escenario de país que tenemos.

Pregunta: ¿A la Secretaría del Trabajo se le da nuevas atribuciones o…?

 

FHJ: No, al contrario. Queremos que la Secretaría del Trabajo deje de ser un órgano de control político-sindical y que se dedique a contribuir la armonización entre los factores de la producción: la productividad y la competitividad, esa debe ser la función de la secretaría, no estar golpeando a los sindicatos ni estar influyendo y confrontando la vida nacional a partir de ser un factor de confrontación entre los factores de producción.

Pregunta: ¿Sobre los horarios de trabajo?

FHJ: Se mantienen las jornadas de 40 horas, con pago semanal, nosotros estamos absolutamente en contra del salario por hora, ya que en México ha sido alentada para apoyar sobre la base de abaratar la mano de obra, quitarle valor al trabajo y ha sido un verdadero fracaso la política económica en México que nos tiene entre los últimos países de América Latina en crecimiento, entre los últimos países de crecimiento en el mundo y si no cambiamos el modelo, en donde el salario y el valor del trabajo sea el factor que deje de ser sacrificado para sacar adelante al país, me parece que estamos cerrando el camino.

Precisamente creemos que la recuperación salarial es un elemento básico en todo este proceso y la ley apunta en esa dirección.

Pregunta: Diputado en otro tema, la Comisión del Trabajo propuso una minuta en el Senado respecto a los comedores, su opinión al respecto.

FHJ: Estoy totalmente de acuerdo, me parece que todo lo que contribuya a fortalecer el salario de los trabajadores, a fortalecer su ingreso y mejorar su calidad de vida, me parece que debemos apoyarlo y en principio así fue determinado por la comisión y esperemos que la Cámara de Diputados esté de acuerdo con nosotros y en ese sentido, creo que todo lo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores debe ser apoyado.

Pregunta: ¿Quedaría como una obligación?

FHJ: Va a quedar como un derecho. Es básicamente un derecho del que el trabajador va a poder hacer uso.

Pregunta: ¿Pero no se puede obligar a la empresa?

FHJ: Si queda plasmado en el contrato colectivo ya es un acuerdo, es un derecho que esperamos que las empresas lo vean con buenos ojos, para de esa manera mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Gracias.

Entrevista(audio) 16 de abril de 2010

abril 16, 2010Enlace permanente

PROYECTOS DE INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL

 RESÚMEN EJECUTIVO DEL CONTENIDO Y PROPÓSITOS DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE SEGURO DE DESEMPLEO

 

Los nuevos proyectos retoman y enriquecen con nuevos temas, las iniciativas generadas desde la Unión Nacional de Trabajadores y el Partido de la Revolución Democrática, contenida en las INICIATIVAS PRD-UNT DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, presentadas a la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2002, cuyos propósitos y contenidos intentaré destacar en este documento.

Aquellas iniciativas constituyeron la primera propuesta integral de reformas a la legislación laboral en la historia legislativa del país, generada por multitud de sindicatos de diversas ramas de la producción y los servicios organizados en la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES y en la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS. En ellas se articulan propuestas del sindicalismo democrático que ya desde los años setenta habían planteado la Tendencia Democrática de los Electricistas y otros contingentes de trabajadores que consiguieron independizarse del sindicalismo corporativo, como es el caso de los telefonistas, o que se formaron fuera de él, como es el caso de los universitarios. Así, las asociaciones que confluyen en la organización de trabajadores, hoy la más numerosa de la nación, la UNT, actualizan y enriquecen aquellas demandas.

En ellas se conjugaron y perfeccionaron en documentos convergentes, las visiones de reforma estructural en materia laboral que presentó a la nación la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES en junio de 2002 y el anteproyecto de reforma laboral del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA dado a conocer en 1998 y también dieron voz a los trabajadores sometidos involuntariamente a la inmovilidad y al silencio por los sindicatos corporativos, blancos o simulados así como al resto de trabajadores no afiliados formalmente a ningún tipo de organización, quienes constituyen mayoría en nuestro país.

 

Los diputados federales que las asumieron, unos como grupo parlamentario del partido a que pertenecen, el PRD y otros con independencia de su respectivo grupo y todos como resultado de un esfuerzo de convergencia y recuperación de la función del Poder Legislativo como representante de los legítimos intereses  de la sociedad, en este caso, en busca de una regulación de los derechos de los trabajadores y los empresarios que haga posible la consecución del desarrollo económico nacional y la justicia social en las nuevas circunstancias políticas y económicas del país inmerso en un mundo globalizado.

También se incorporaron antecedentes legislativos internacionales en la materia, normas de convenciones internacionales de carácter laboral así como propuestas de distinguidos laboralistas e investigadores mexicanos formuladas en sus tratados e investigaciones académicas y algunos planteamientos contenidos en la iniciativa de reformas del Partido Acción Nacional presentada en 1995.

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abril 8, 2010Enlace permanente

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA LABORAL DEL GPPAN Y CONTRIBUCIONES PARA UNA NUEVA NORMATIVIDAD LABORAL

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA LABORAL DEL GPPAN Y CONTRIBUCIONES PARA UNA NUEVA NORMATIVIDAD LABORAL

Un grupo de connotados abogados laboralistas y dirigentes sindicales han contribuido a la elaboración de una propuesta de reforma laboral presentada en la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2002. Ante la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dicho grupo la ha analizado y evaluado, comentando su contenido.

Según su exposición de motivos, con la reciente iniciativa del PAN, se persiguen las siguientes finalidades:

  1. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical.

Se hace obligatorio el voto libre, directo y secreto para recuentos y elección de directivas; se obliga a éstas a difundir la información sobre el patrimonio de la organización; se difundirán en Internet los registros de organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo; se elimina el descuento de cuotas sindicales por nómina; se suprime la “cláusula de exclusión por separación”; se incorpora la noción de “trabajo decente” y se establecen “principios rectores” que deben regir la actuación de las autoridades.

COMENTARIOS:

  • Sin un marco adecuado para la impartición de la justicia; con trabajos inestables y mal remunerados; sin una defensa efectiva de las condiciones laborales y con una discrecionalidad de los patrones para controlar el proceso de trabajo, el discurso de la iniciativa sobre trabajo decente, equidad de género y no discriminación queda hueco. Las medidas compensatorias, la defensa de las trabajadoras contra el hostigamiento y el acoso sexual y la contratación sin exámenes de no gravidez caen en el vacío si quien es objeto de violencia o discriminación en su centro de trabajo no cuenta con medios para hacerlo efectivo y si no tiene la posibilidad de aspirar a un trabajo estable y bien remunerado.

 

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abril 8, 2010Enlace permanente

INTERVENCIÓN DEBATE EXTINCIÓN LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

Desde la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la emisión del decreto de extinción del organismo descentralizado, el despido masivo de 44 mil trabajadores y la consecuente resistencia de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta Soberanía se han manifestado dos posiciones sobre el tema.

Por un lado, se ha querido reivindicar el carácter plural de esta Asamblea y se ha respaldado una interpretación correcta del decreto, asumiendo su inconstitucionalidad.

Con este decreto, el Ejecutivo Federal viola principios jurídicos y garantías elementales; sin fundar ni motivar debidamente este acto de autoridad, ha puesto en juego la vigencia del estado de derecho; para un conjunto de trabajadores, trabajadoras y sus familias se suspendieron el derecho al trabajo, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, el principio de aplicación estricta de la ley y de justo proceso; se les han conculcado derechos individuales y colectivos en materia laboral: la libre asociación y la protección del derecho a la sindicalización y se les cesó masivamente sin un proceso legal de por medio. Los trabajadores afectados por la extinción de Luz y Fuerza han quedado, con este acto de autoridad, aún más indefensos que un secuestrador, un sicario o un narcotraficante pues (como dicen los abogados) sin ser escuchados y vencidos en juicio, ya se les ha condenado.

En ese sentido, quienes compartimos esta visión propusimos la creación de una comisión especial para estudiar la viabilidad de una acción jurídica a emprender con relación a dicho decreto de extinción.

Asimismo, se ha propuesto crear una comisión intermediadota para encontrar una salida negociada a este conflicto. La propuesta se hizo en la Comisión Permanente el pasado mes de enero sin que se haya dictaminado. Esta propuesta se hizo a raíz del menosprecio que mereció la propuesta de una comisión de intermediación conformada por senadores de la República, el rector de la UNAM y el ex director del IPN. Recordemos que incluso ante movimientos armados se han conformado comisiones de intermediación cuyos resultados han dependido de la falta de voluntad negociadora del gobierno.

El día de hoy, los trabajadores afiliados al SME, y miles de organizaciones se manifiestan en contra de las medidas del gobierno federal, de su carencia de voluntad para debatir propuestas de solución pacíficas y negociadas a un conflicto laboral.

Al fracaso del gobierno federal para atender demandas de la población, cumplir con obligaciones constitucionales y legales, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos y las mexicanas se suma el ínfimo talento para alcanzar acuerdos y lograr soluciones ante conflictos del tamaño del que ahora motiva este debate.

Consideramos que, como cuerpo representativo de la voluntad popular, no podemos quedarnos a la zaga del gobierno; ser indiferentes y pensar que las demandas de los trabajadores y las trabajadoras en lucha no nos atañen. O lo peor, caer en la complicidad a que nos ha limitado la Junta de Coordinación Política, al haber puesto obstáculos para la interposición de una acción de inconstitucionalidad que en su momento daría a la sociedad en su conjunto elementos de certeza jurídica de los que hoy carecemos.

Honorable Asamblea:

Los exhorto a sumarse a este esfuerzo por recuperar al derecho como el principio que rija nuestras relaciones sociales, a que el diálogo y la negociación sean los medios para zanjar nuestras diferencias, que se den garantías y certeza a todos de que estamos protegidos contra los abusos de la autoridad y de que la Soberanía de esta Cámara de Diputados, máxima representación de la pluralidad y los intereses de nuestra Nación tiene un efecto positivo sobre los problemas de la vida nacional.

De la misma forma, solicito a la Junta de Coordinación Política a que, de la misma manera en que se ha atendido la problemática de las huelgas mineras, se atienda la proposición presentada en la Comisión Permanente para constituir un Grupo Plural de naturaleza bicameral para que intervenga en pos de reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, a efecto de que se alcancen propuestas viables, legales y democráticas, para resolver la problemática generada por la emisión del decreto de liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de marzo de 2010

marzo 17, 2010Enlace permanente

Comisión Especial de Diputados, Conflicto Minero

COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA SURGIDA DE LOS CONFLICTOS MINEROS EN EL PAÍS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputado Francisco Ramírez Acuña 
Presidente de la Mesa Directiva 
Honorable Cámara de Diputados 
Presente

Por este conducto y en cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno en su sesión del jueves 23 de febrero, por el que se creó la Comisión Especial para da seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país, me permito comunicar a usted las designaciones de diputados hechas para integrarse a ésta, tal y como fueron comunicados por los grupos parlamentarios, solicitándole sean puestos a la consideración del pleno y se integren a los expedientes correspondientes:

Nombre/cargo/grupo parlamentario

Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, integrante, PAN; 
Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante, PAN; 
Diputado Ramón Jiménez López, secretario, PRD; 
Diputado Francisco Hernández Juárez, integrante, PRD; 
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario, PVEM; 
Diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante, PT; 
Diputado Roberto Pérez de Alba, integrante, Nueva Alianza; 
Diputada Ana Laura Arizmendi Campos, integrante, Convergencia.

Atentamente 
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica) 
Presidente

marzo 5, 2010Enlace permanente

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA


El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la huelga de Cananea, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Cananea es el cruce de caminos de nuestra historia, un momento fundacional del movimiento obrero y del México contemporáneo. La población sonorense representa, como pueblo de frontera, el punto de origen de las luchas contemporáneas del pueblo mexicano. Hoy, los herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que, al paso de un siglo, no han podido terminar con la veta de rebeldía del trabajador minero.

En la noche del último día de mayo de 1906, los 5,360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolidated Cooper Company declaran la huelga, acto casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos; jornada de ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los estadounidenses, mismas

que fueron rechazadas por el coronel William C. Green, gerente de la mina, por considerarlas “absurdas”. La respuesta de la dictadura fue una sangrienta represión los días 1 y 2 de junio en la que intervinieron los ejércitos mexicano y estadounidense. Se asesinaron a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60 detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la leva, para combatir a los yaquis. Para el 6 de junio, se restablecen las labores bajo vigilancia militar.

Sin embargo, estos precursores de la Revolución Mexicana lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas. Dirigentes de las jornadas de 1906 se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros del Congreso Constituyente de Querétaro en el que se plasmarían el derecho a una jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga.

No olvidemos que décadas después, el ejército mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo. En agosto de 1989, el ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea en momentos en que la representación sindical negociaba una revisión contractual. Luego de más de dos meses de lucha, bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y realizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después, la empresa minera fue privatizada a un precio ridículo.

2. El 30 de junio de 2007, los trabajadores de Cananea estallaron una huelga en defensa de su contrato colectivo. Al mismo tiempo, en Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana hicieron uso de una garantía constitucional: el derecho de huelga frente a violaciones del patrón al contrato colectivo de trabajo.

En esos casos, el denominador común es el de salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores mineros, pactada bilateralmente, pero no garantizada por el patrón en cada centro de trabajo. También es común a los tres conflictos enfrentar a un grupo empresarial, el Grupo México, que se caracteriza por la absoluta falta de respeto a los derechos laborales, la rapacidad como filosofía empresarial y la complicidad con autoridades venales.

El Grupo México ha hecho de la impunidad su principal fuente de riqueza pues antes de invertir un peso en proteger la vida de un operario, prefiere comprar complicidades y  obtener ganancias basadas en la negligencia criminal y en la explotación desmedida de los trabajadores a su servicio.

En diversas ocasiones, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha desempeñado una labor vergonzosa; en diversas ocasiones ha declarado inexistente la huelga con motivos irrisorios. En estas ocasiones, el Poder Judicial, por la vía del juicio de garantías ha hecho valer los derechos constitucionales de los huelguistas;

empero, el pasado jueves 11 de febrero, seis meses después del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo radicado en el Distrito Federal, inusitadamente negó el amparo a los trabajadores de Cananea y ordenó la terminación de las relaciones laborales por supuestas “causas de fuerza mayor” y porque supuestamente la mina es inoperable luego de 30 meses de huelga, razones que no pueden sobreponerse a derechos fundamentales de los trabajadores.

Una resolución como la citada conculca garantías constitucionales, crea un nuevo foco de conflicto que puede llevar a la violencia, atropella el estado de derecho y evidencia el carácter parcial de quienes deberían respetar y hace respetar las leyes. La población de Cananea teme que se tomen por la fuerza las instalaciones que resguardan, pues de esto hay un precedente cuando en enero de 2008, más de 700 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intentaron apoderarse de la mina, ante un fallo de la Junta que fue anulado por la vía del amparo.

Honorable Asamblea:

Hoy, la lucha sindical vuelve a enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas condiciones. Esta Honorable Cámara de Diputados, debe manifestar su compromiso con las mejoras causas del pueblo de México. Proponemos que se pronuncie contra cualquier medida que pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las

conquistas y las luchas legítimas del pueblo trabajador y haga un enérgico llamado a las autoridades laborales y judiciales a conducirse en un marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.

Proponemos que haya firme pronunciamiento para que la resolución del conflicto en esta empresa, así como de todas las huelgas y paros del sector minero metalúrgico, se resuelvan por la vía del diálogo y la concertación, con estricto apego a lo dispuesto en la Constitución, en las leyes, en los contratos colectivos y en las normas estatutarias sindicales.

Finalmente, retomamos la propuesta presentada en su momento por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del PRI, y la presentada por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del PRD, en el sentido de integrar un grupo plural de diputados que intervenga activamente para la solución de este conflicto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Gobierno

Constitucional del estado de Sonora a que, en un marco de respeto al estado de derecho, se abstenga del uso de la fuerza pública hacia los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Segundo. Así mismo, exhorta a las partes involucradas a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

Tercero. Finalmente, acuerda la constitución de un grupo plural de diputados y diputadas  de todos los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía que busque un acercamiento entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Grupo México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que permita solucionar el conflicto objeto de la presente proposición,

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de Febrero de 2010

marzo 2, 2010Enlace permanente

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA EXPLOSIÓN DE LA MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ACEPTE LA RECOMENDACIÒN 64/2008 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RELATIVA A LA EXPLOSIÓN DE LA MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

 Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, al tenor de las siguientes

 CONSIDERACIONES

 Este 19 de febrero se cumplen 4 años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas Coahuila.

 Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno; han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo dueños del corporativo Industrial Minera México. A lo largo de estos años los deudos de los mineros fallecidos han logrando importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hacen responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.

 En las legislatura LIX y LX, ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión y que el grupo Industrial Minera México lo era  por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.

 Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Publico de la Federación, para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencias en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene y de tutelar la vida de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos.

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Publico de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia. Del mismo expediente se determina que era necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro; además que se hace necesario un peritaje de química forense a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.

 Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR. Incluso el agente del Ministerio Publico de la Federación solicitó al Director General de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy, respuesta alguna de la citada dirección.

 Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.

 Esta impunidad ha permitido que el grupo Industrial  Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del “homicidio industrial” ni a los funcionarios que debían evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

 PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, a que atendiendo al artículo 102 apartado B de nuestra Carta Magna, acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo, durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia implemente los puntos recomendatorios, con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar.

 Dip. Francisco Hernández Juárez                                         Dip. Ramón Jiménez López

 Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2010

marzo 1, 2010Enlace permanente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto consideración de este Honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las pensiones y jubilaciones que se otorgan al amparo de las leyes vigentes en seguridad social constituyen un mecanismo de protección a los trabajadores y trabajadoras que por alguna causa dejen de recibir un ingreso. La protección que otorga la sociedad a quienes por motivo de invalidez, por un riesgo de trabajo, por vejez o por cesantía en edad avanzada dejan de estar en condiciones de laborar consiste en pensiones, jubilaciones, ayudas asistenciales o asignaciones familiares. En caso de fallecimiento del asegurado o del pensionado, la ley prevé la protección a sus beneficiarios, a través de pensiones de viudez, orfandad u ascendencia.

En el caso de los pensionados adscritos al régimen obligatorio del Seguro Social, la pensión que se les otorga es sumamente inferior al salario que recibían como activos y conforme al cual cotizaban al Instituto Mexicano del Seguro Social. En promedio, dos millones 567 mil de pensionados del IMSS reciben pensiones miserables. Por ejemplo, los pensionados por cesantía en edad avanzada recibían en 2007 una pensión 70 pesos diarios; en cambio, el salario básico de cotización del trabajador activo en promedio es del triple, 201 pesos diarios.

Es evidente que la cuantía de estas pensiones no evita una situación de pobreza en la vejez; estamos ante millones de pensionados y sus familias que subsisten luego de toda una vida de trabajo en situación de pobreza absoluta.

La situación tampoco tiende a revertirse en tanto el sistema de ahorro para el retiro vigente no está diseñado para garantizar pensiones dignas a quienes accedan a los beneficios de las leyes de seguridad social.

2. La crisis económica, la carestía, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el cobro de mayores impuestos agudiza más la situación de pensionados y jubilados.

Las pensiones recibieron en febrero un aumento por la inflación acumulada en 2009 de 3.57 por ciento. Sin embargo, el 37 por ciento de 172 productos genéricos de una canasta básica aumentaron de precio durante diciembre pasado. Si se considera sólo el rubro de los alimentos, el alza fue de 5.81 por ciento en términos anuales.

A este deterioro del poder adquisitivo de las pensiones debe agregarse que un pensionado por sus condiciones de salud o de edad tiene menos oportunidades de obtener un ingreso adicional por su propio trabajo; peor aún, en caso de emplearse en el sector formal, le sería suspendida la pensión.

El pensionado tampoco goza de prestaciones económicas que disfrutan algunos trabajadores en activo; sin embargo sus necesidades no son menores e incluso los hogares a cargo de un pensionado, por la escasez de ofertas de trabajo, son cada vez más numerosos. De acuerdo a datos del INEGI, 3 millones 704 mil hogares reciben ingresos de jubilados y pensionados

3. El gobierno actual que es responsable de esta situación se empeña en gravar a quienes menos tienen. Se incrementa el impuesto sobre la renta a los contribuyentes cautivos, las y los trabajadores asalariados de ingresos medios; se aumenta el impuesto al consumo; se frena el acceso a servicios de telecomunicaciones y el desarrollo nacional a través de impuestos especiales al sector.

Y a través de regímenes de excepción se permite que grandes empresas no paguen un centavo por sus ganancias o difieran estos pagos. De 4 millones 291 mil personas morales registradas en el Sistema de Administración Tributaria de las cuales sólo pagan gravámenes 791 mil 200, el 18.5 por ciento; de las 400 grandes empresas que operan en el país sólo cerca de 2 por ciento pagó ISR amparado en el régimen de consolidación fiscal.

De acuerdo a información disponible, a partir del presente mes, se ha cobrado a pensionados del Seguro Social el impuesto sobre la renta, hecho inusitado porque este cobro no se había llevado a cabo antes. A falta de un proyecto de reforma fiscal integral, se busca incrementar los ingresos públicos con contribuyentes cautivos. Los ingresos recaudados por este gravamen son mínimos pues sólo el 1.5 por ciento de pensionados tienen ingresos por arriba del límite exento.

Según los afectados, el cobro se hace a las pensiones superiores a nueve veces el salario mínimo con una tasa de hasta 20 por ciento sobre el excedente a dicho límite superior; el IMSS argumenta que esto forma parte de la pasada aprobación del paquete económico para el año en curso.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece lo siguiente:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

(…)

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Lo que ha argumentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que este cobro no se había hecho anteriormente “por problema de operatividad”; el Sistema de Administración Tributaria niega que esto no se haya aplicado previamente y el IMSS no se ha pronunciado.

Con esto, se puede presentar una tendencia a gravar las prestaciones económicas y sociales de las y los trabajadores que como contribuyentes cautivos sostienen gran parte de los ingresos fiscales que recauda el gobierno federal. La lucha de trabajadores y trabajadoras por mejorar sus ingresos, a través de la contratación colectiva, resulta amenazada por medidas de este tipo.

Es conveniente deslindar a esta Soberanía de este cobro pues en definitiva es inexacto afirmar que es un impuesto nuevo aprobado en el marco del paquete fiscal para el año en curso.

Pero resulta muy importante observar que el cobro de un impuesto a este beneficio resulta claramente inconstitucional; el trabajador goza de una pensión por haber aportado al sistema de seguridad social al que está adscrito; la pensión es resultado de sus aportaciones a un fondo que ya sea solidario o individual, es resultado de aportaciones de su propio salario. Dicho salario ya fue gravado a lo largo de su carrera laboral por lo que es improcedente que el resultado de estas aportaciones sea gravado nuevamente.

En la presente iniciativa se propone exentar absolutamente los ingresos que obtienen los pensionados y jubilados, viudas y huérfanos, para evitar la doble tributación que describimos y para apoyar su condición social y económica, como una medida de justicia y equidad que debe tomarse urgentemente sino queremos seguir deteriorando la situación de una sociedad cansada de los abusos de un gobierno empeñado en agraviar a los que menos tienen.

Los cobros que se hayan realizado hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto deberán devolverse de inmediato a quienes se les hayan efectuado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. y II. …

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.

IV. a XXVIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá a los pensionados el cobro del impuesto sobre la renta que haya efectuado a partir del 1 de febrero de 2010 en el pago inmediato posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 9, 2010

febrero 17, 2010Enlace permanente