Intervencion en la tribuna: Oct. 7

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (…) Diputado Hernández Juárez, hasta por 5 minutos tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Francisco Hernández Juárez: Me ha sido encomendado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática expresar nuestro respaldo a este punto de acuerdo presentado aquí por el diputado Navarrete Prida.

Me parece que es importante que la Cámara de Diputados tenga claro lo que esto significa. México, en general, en el ámbito de las comunicaciones está atrasado en relación al resto del mundo; para que ustedes tengan una idea, los japoneses en este momento están iniciando el manejo de anchos de banda de 110 megas. En el mejor de los casos, si logramos salir del estancamiento en el que está sumido el ámbito de las comunicaciones, en México empezaremos a manejar anchos de banda de 10 megas. El atraso frente a los países desarrollados en anchos de banda es gigantesco.

El año pasado los norteamericanos dieron el paso ya del apagón analógico y en este momento nadie en Estados Unidos puede recibir la señal de televisión abierta si no tiene televisión digital.

Me parece que es absolutamente necesario que México tome las medidas necesarias para cerrar la brecha digital que tenemos frente al mundo y en esencia, que el gobierno mexicano quiera adelantar el apagón analógico parece una medida adecuada, pero lamentablemente, la manera como se instrumenta, es pasando por alto las competencias de los diferentes ámbitos de este país.

De manera que no puede uno dejar de sospechar que la manera como lo están haciendo es para incidir en el proceso electoral. Curiosamente los recursos que se van a utilizar para implementar este proceso se van a canalizar a la Secretaría de Desarrollo, para que estos aparatos que van a permitir implementar el proceso puedan ser utilizados en el transcurso del año próximo.

Eso me parece que no está ayudando en nada a permitir que esta operación se pueda hacer a la brevedad posible.

Me parece que esta propuesta del diputado Navarrete Prida cumple con el propósito de precisar los términos en que debiera hacerse esa operación, porque debe quedar claro, una vez más lo decimos, que no estamos en contra de ninguna manera en que este adelanto se dé, pero tiene que ser instrumentado de manera legal, porque el ámbito de las comunicaciones refleja de manera puntual la manera como el gobierno hace las cosas en este país.

Estuvimos el día viernes en la comparecencia del secretario de Comunicaciones. Todas las fracciones se pronunciaron para que se respete la decisión que había tomado un juez de que no se diera la concesión de este espectro de frecuencias que se habían licitado para Televisa, hasta que no se resolviera en los tribunales si era o no correcto la manera como se había procedido la licitación 21, en relación a la Secretaría de Comunicaciones.

En la comparecencia del secretario de Comunicaciones, nos dijo claramente que no iba a dar esa licitación, hasta que no tuviera una decisión definitiva de los jueces en relación a ella, y resulta que nos estaba a nosotros comentando eso en la comparecencia y ya había tomado la decisión de entregar esa concesión a Televisa, pese a que sí tenían la comunicación de que no debería hacerlo.

Esta controversia puede significar la diferencia en hacer que el gobierno cumpla la ley o siga actuando como hasta ahora, como vasallo de una televisora pensando sólo en sus problemas electorales. Muchas gracias.

octubre 14, 2010Enlace permanente

INAUGURACION DE CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DEL STRM

 

INTERVENCIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y PRESIDENTE COLEGIADO DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, EN LA INAUGURACIÓN DE LA XXXV CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DEL STRM

20 de septiembre de 2010

 

Compañeros telefonistas:

 

Este último año ha sido, sin duda, el más adverso de que tenga memoria el sindicalismo independiente y democrático de México en su historia contemporánea. En los meses recientes, una ola de agresiones han tenido como blanco a sindicatos auténticos que se han caracterizado por su carácter independiente, crítico y avanzado en nuestro país. Si bien los ataques más fuertes han impactado a organizaciones nacionales, sindicatos o secciones locales no han estado exentos de esta ofensiva. Desde siempre, en un país en el que predomina un modelo corporativo de control laboral, los sindicatos independientes y democráticos hemos sido sistemáticamente agredidos por las empresas y por los gobiernos.

Los operativos ejecutados lo mismo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas desde octubre pasado, a los que precedieron y siguieron agresiones en contra del sindicato minero y, más recientemente, los golpes dados a nuestros sindicatos hermanos de pilotos y sobrecargos, fundadores junto con el Sindicato de Telefonistas de organizaciones como la FESEBES en 1990 y la UNT en 1997, no dejan lugar a dudas. No estamos frente a casualidades, frente a meros accidentes o frente a hechos desarticulados y aislados. Tenemos que reconocer que estamos frente a acciones articuladas y deliberadas, frente a alguna especie de plan maestro para debilitar y de ser posible, exterminar al sindicalismo independiente y democrático en nuestro país. Este hecho se reafirma si consideramos que, a la par de los golpes al sindicalismo independiente y democrático, las empresas y los gobiernos continúan no sólo tolerando, sino alimentando y fortaleciendo tanto al sindicalismo de protección patronal, como a las expresiones más conservadoras, dóciles y controlables del sindicalismo oficial. Al doblegar a los sindicatos reales y vulnerar la negociación colectiva, se consigue no sólo mantener y profundizar la precariedad laboral en México: los bajos salarios, la concentración del ingreso, la explotación, la inestabilidad laboral. Se busca también afianzar y legitimar aún más el control político y la desmovilización de los trabajadores, además del control político-electoral vinculado a algunos partidos y grupos de poder.

Es preciso reconocer que si bien esta ofensiva en contra de los sindicatos es extraordinaria, constituye también, en buena medida la culminación lógica de una serie de gobiernos que desde hace casi treinta años, se propusieron precisamente destruir al sindicalismo, como parte de las políticas y esquemas neoliberales que en ningún otro país del mundo se han obedecido tan dogmáticamente como en México, y que por lo mismo, en ningún otro país del mundo han tenido resultados tan desastrosos y socialmente tan devastadores como en el nuestro. La ofensiva claramente dirigida a golpear y debilitar al sindicalismo independiente en México, tiene como propósito consolidar este modelo y estas políticas económicas, porque los sindicatos reales en este país seguiremos siendo críticos y nos seguiremos oponiendo a que continúen los esquemas de concentración del ingreso y la riqueza, de explotación de los trabajadores, de precariedad laboral, nos opondremos siempre a la desigualdad y a la injusticia. Al destruir al sindicalismo real, los grupos económicos y políticos dominantes buscan eternizar en México un modelo económico, social y político que ofrezca todas las garantías al capital para incrementar aún más sus ganancias, a costa de los bajos salarios y de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores.

No nos engañemos. Existe, en efecto, una estrategia deliberada para exterminar a los sindicatos independientes y democráticos en México. Esta estrategia se compone de cuatro grandes ejes, que son:

1) Una pésima administración de ciertas empresas, ya sean públicas o privadas, que conduce a su destrucción, a su inviabilidad, ya sea mediante el endeudamiento, la descapitalización o la negligencia deliberada de sus dueños y administradores para no modernizarlas y permitir que sean arrasadas por la competencia y por la obsolescencia. Esto justifica la desaparición de dichas empresas, los despidos masivos de sus trabajadores, la mutilación de los contratos colectivos de trabajo, al tiempo en que se propalan versiones en el sentido de que los trabajadores y sus sindicatos son los responsables de dichos fracasos.

2) La ausencia de inversión pública en sectores estratégicos de la economía. Bajo el dogma neoliberal, el gobierno mexicano ha dejado de ser un factor de desarrollo para alentar la recuperación y el crecimiento, para paliar las deficiencias y debilidades del mercado. El gobierno concentra y acumula montos insólitos de reservas, mientras que empresas clave para la marcha económica del país desfallecen, destruyendo empleos y cadenas productivas completas, como en el caso de la industria aérea.

3) Regulaciones sectoriales depredatorias, asimétricas y contradictorias, que no alientan la inversión, el desarrollo ni la generación de empleos estables. Más que ser un mecanismo de estímulo económico, como se nos hizo creer en los inicios del neoliberalismo, el gobierno mexicano ha utilizado la regulación como un arma para destruir empresas, para favorecer a algunos actores por encima de otros, incrementando las contradicciones del mercado.

4) Políticas públicas deficientes y desarticuladas, que revelan la ausencia de verdaderos proyectos de desarrollo para el país. Las políticas están sujetas a los grupos de interés económico y político y a sus demandas específicas, entre otras, la de deshacerse de sindicatos incómodos para las empresas o para los intereses de dichos grupos.

5) Una verdadera política nacional para fortalecer al sindicalismo de protección patronal. Desde los años ochenta, el neoliberalismo encontró en el sindicalismo de protección patronal su modelo ideal, para fingir que existen sindicatos, para simular la negociación colectiva, para engañar y oprimir a los trabajadores, para tener bajo su control los mecanismos de la desigualdad y la concentración del ingreso y la riqueza.

Es en este contexto que tenemos que ubicar los ataques y la incertidumbre que rodea a la empresa Teléfonos de México, que desde hace varios años enfrenta una ofensiva regulatoria, sin precedente a nivel internacional. Si en el pasado la privatización de TELMEX fue considerada un modelo virtuoso y ejemplar en el mundo, no sólo en términos de los beneficios que trajo para el avance de las telecomunicaciones en el país, sino por el respeto a los derechos de los trabajadores conseguido por la participación y la fuerza del sindicato en todo el proceso, pareciera ser que lo que ha existido en los últimos años es un antimodelo regulatorio y de política pública para TELMEX, un absurdo que nada tiene de virtuoso ni de ejemplar para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. No existe en el mundo empresa anteriormente incumbente de telecomunicaciones a la que la regulación de su país de origen impida su pleno desarrollo precisamente como empresa de telecomunicaciones, para ofrecer servicios de triple play, cuadru play o múltiple play. Por si el Título de Concesión de la empresa, que es también excepcional a nivel nacional e internacional, no impusiera a TELMEX condiciones que no se imponen a ningún otro jugador en el mercado, las restricciones y obstáculos adicionales que se le han fijado constituyen un absurdo, que desalienta la inversión, el crecimiento y el avance de las telecomunicaciones en le país. Ciertamente, los trabajadores de TELMEX no estamos a favor de monopolio alguno, pues nos asiste la certeza de que esta empresa no constituye monopolio en ninguno de los segmentos de mercado en los que participa, y con la evidencia de que la regulación asimétrica impuesta a TELMEX, sí favorece a otros monopolios probados y comprobados donde no existe competencia, como el de la televisión por cable.

No cabe duda de que el futuro de TELMEX ha quedado cautivo de componendas políticas y de intereses electorales, que mucho tienen que ver también con el atraso de las telecomunicaciones en el país. Someter a una empresa de la dimensión social e histórica de TELMEX a esta dinámica político-electoral, revela una falta total de visión sobre el desarrollo del país, porque debilitar a TELMEX implica, contrariamente a lo que de manera equivocada sostienen los fundamentalistas del mercado, debilitar y acotar el desarrollo de las telecomunicaciones en México. Pero sería erróneo pensar que sólo obedece a esto, porque contra Telmex han estado no sólo el gobierno, particularmente el gobierno actual y algunos de sus exfuncionarios y funcionarios ligados por intereses económicos y políticos a empresas como Televisa. En algún momento, hemos sentido también que la propia administración de la empresa y el Grupo Carso han dejado a TELMEX en un segundo plano, privilegiando a otras empresas del Grupo en las que han optado por sindicatos de conveniencia.

De aquí la insistencia del Sindicato por exigir a la empresa definiciones y compromisos claros, como el Acuerdo Marco y la apuesta por la inversión, el crecimiento y el desarrollo de TELMEX como pilar que ha sido y debe de seguir siendo para el desarrollo de la banda ancha y de las telecomunicaciones en el país. De ahí también nuestro afán en seguir avanzando en la modernización y en la productividad de la empresa, actualizando los perfiles de puesto y evolucionando nuestras negociaciones y acuerdos en materia de productividad. Los trabajadores de TELMEX no permitiremos que administraciones deficientes y depredadoras o que la falta de un proyecto nacional de telecomunicaciones para el desarrollo de México frenen nuestro futuro y el futuro del sindicalismo autónomo y democrático con el que estamos comprometidos.

Esto nos obliga no sólo a resistir y sobrevivir, sino a retomar la iniciativa e ir hacia adelante. En primer lugar, evitando con los medios a nuestro alcance que se cumpla el plan de depredar a TELMEX, depredando sus clientes. En segundo lugar, impulsando el debate y los acuerdos por un Proyecto Nacional de Telecomunicaciones para México, al que convocamos a todas las empresas del sector que en algo quieran aportar al desarrollo del país y no sólo al beneficio de sus utilidades. Tercero, fortaleciendo al sindicato a través de la organización sindical en otras empresas, lo cual tiene el doble efecto de actuar también en nuestras posibilidades de incidir sobre una política nacional de telecomunicaciones.

Este es el sindicalismo independiente, democrático, comprometido y combativo que somos, en el que creemos y que sabemos hoy perseguido y acosado. Nos queda claro que esta ofensiva en contra de nuestras organizaciones es expresión de la degradación del sistema político, porque no hay igualdad posible, no hay justicia posible, no hay futuro posible sin sindicatos fuertes, democráticos y autónomos, sin la negociación colectiva vital para mejorar lo mismo los salarios que la productividad, para regular las enormes desigualdades que los mexicanos padecemos. El modelo neoliberal puro que se ha impuesto en México se comprueba con ello como un modelo delincuencial, de impunidad y de explotación, en donde los intereses colectivos y los derechos humanos no valen y en donde lo que importa es la acumulación, el enriquecimiento salvaje y voraz, a cualquier costo, y en donde el poder y la política se convierten en meros instrumentos para satisfacer estas ambiciones.

Los trabajadores convocamos a cambiar ese modelo, que nos está volviendo un país sin futuro y sin perspectiva para la inmensa mayoría de los mexicanos. Desde la Unión Nacional de Trabajadores, en la trinchera del movimiento sindical internacional en el cual militamos activamente en organizaciones como la UNI, la CSI y la CSA, desde el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, seguiremos actuando para influir en las políticas en el país. Convocamos a rescatar, fortalecer y transformar nuestro sindicalismo, a dar nuestro mejor esfuerzo para combatir, palmo a palmo, los ejes de esa estrategia perversa que trata de destruir al movimiento sindical independiente y democrático de México. No renunciaremos a la opción, para los trabajadores de mexicanos, de un futuro mejor.

 

Muchas gracias.

septiembre 20, 2010Enlace permanente

Reunión anual de UNI Américas Telecomunicaciones

 

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El Co. Francisco Hernández Juárez, en su calidad de Presidente del Comité Interamericano de Telecomunicaciones de UNI, encabezó la reunión anual de UNI Américas Telecomunicaciones que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, los días 26 y 27 de agosto de 2010.

De esta reunión hay que subrayar el apoyo expresado por los sindicatos participantes, en especial de Estados Unidos, Perú, Colombia y Brasil, al movimiento de los trabajadores de la sección 187-Atento, del STRM. Los participantes en dicha reunión pudieron ver un video que el STRM presentó, en el que se documentan las principales violaciones e irregularidades cometidas en el recuento ocurrido el 2 de julio pasado, tanto por la empresa Atento en México, por el sindicato de protección patronal y por las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F., las cuales demuestran no sólo el incumplimiento del Acuerdo Global UNI-Telefónica, sino los compromisos contraídos en Madrid por la propia matriz de Telefónica en septiembre pasado con el STRM y UNI. Los dirigentes de UNI Marcus Courtney y Bo Larsen, actual Presidente del Comité Mundial de Telecomunicaciones de UNI, expresaron también su pleno apoyo a la lucha de los trabajadores de la sección 187 para lograr una elección auténticamente libre y democrática de su representación sindical.

Asimismo, y considerando que el modelo de sindicatos y de contratos de protección mexicano se está extendiendo a América Latina, UNI Américas Telecom acordó intensificar su participación y apoyo en la campaña internacional permanente que existe en México en contra de este fenómeno.

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UNI Américas Telecom acordó también dar mayor peso e importancia al trabajo de investigación estratégica en las megaoperadoras en la región, como marco para el diseño y definición de estrategias y la toma de decisiones. En el mismo sentido, dará mayor apoyo para realizar talleres de capacitación en organización en Guatemala, Nicaragua, y Colombia.

Los representantes de Chile, Perú y Colombia solicitaron que UNI gestione la firma de un Acuerdo Global con la multinacional COBRA, cuya matriz está en España, y que es contratista de Telefónica en el área técnica en los tres países.

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septiembre 7, 2010Enlace permanente

Iniciativa de Reforma a la Ley del IMSS, art. 25 transitorio.

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Miércoles, 04 de Agosto de 2010
No. Gaceta: 15


Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De los Diputados Francisco Hernández Juárez y Avelino Méndez Rangel, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, 78, fracción III, y 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El 9 de junio pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la Tesis 2a./J.85/2010 que redujo el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 73) de 25 a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF).

Esta tesis resuelve una contradicción presentada en los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Duodécimo, ambos en materia de Trabajo del Primer Circuito.

Su contenido es el siguiente:

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.- De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.

Contradicción de tesis 143/2010.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercer y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 26 de mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de Jurisprudencia 2a./J.85/2010, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de junio del dos mil diez.

¿Cuál es el alcance de esta decisión?

La LSS 73 establecía en su artículo 33 que el tope para la cotización de los trabajadores era de 25 veces el SMGVDF para el seguro de enfermedades y maternidad y para el seguro de IVCM, de 10 veces dicha remuneración. La misma ley en el artículo 167 determinaba que para calcular la cuantía de las pensiones de este último seguro se tomaba como parámetro el salario promedio de las últimas 250 semanas.

La decisión de la Corte radica en determinar que si el límite aplicable para la cotización del seguro de IVCM es de 10 veces el SMGVDF, dicho tope salarial también debe ser el aplicable para el cálculo de las pensiones otorgadas bajo el régimen de 1973.

Sin embargo, la tesis es incorrecta. La Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 (LSS 97), estableció en el artículo 28 como tope para todos los seguros 25 veces el SMGVDF. La propia exposición de motivos de la iniciativa que creo la nueva Ley del Seguro Social, en su momento, no deja dudas. Dice:

Con el fin de simplificar el cálculo de las aportaciones a la seguridad social se establece en la iniciativa la homologación del tope máximo de todos los seguros (subrayado propio) a 25 veces el salario mínimo del salario base de cotización en el Distrito Federal. Tal medida afecta solamente al seguro de Invalidez y Vida y a los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, lo cual no significa una carga adicional relevante en virtud de la disminución de las aportaciones que se proponen en la iniciativa, además de que hace posible la configuración de montos mayores a depositar en las cuentas individuales.

De acuerdo a su artículo Vigésimo Quinto Transitorio, el artículo 28 está vigente desde 2007 puesto que a la entrada en vigor de la LSS 97 el tope de cotización se estableció en 15 veces el SMGVDF, tope que aumento un salario mínimo cada año.

Esto significa que el tope de 10 salarios mínimos para el seguro de IVCM de la Ley 73 no es vigente; los trabajadores que han cotizado para sus pensiones por arriba de ese tope desde 1997.

Si el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidiera seguir este criterio, los trabajadores que hayan cotizado las últimas 250 semanas por arriba de 10 minisalarios verían reducido el monto de su pensión hasta en un 60 por ciento. Se estima que un millón 200 mil cotizantes serían los afectados por esta decisión.

No obstante, quien obtendría “beneficios” por esta medida sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), porque el Gobierno Federal es quien paga las pensiones en curso de pago derivadas de la Ley 73.

En caso de que los trabajadores y/o los patrones afectados decidieran demandar que se les devuelvan las cotizaciones devengadas por arriba de 10 salarios mínimos, quien tendría una merma en sus finanzas sería el IMSS. Se inhibiría la formalización del trabajo con mayores remuneraciones, quebrando las facultades recaudatorias del Instituto. No existe seguridad social que persista mientras su fuente de ingresos es incierta.

Con la jurisprudencia, la Corte afecta a pensionados con ingresos medios y altos, a costa de sembrar un riesgo de desfinanciamiento del IMSS y con el único beneficio de ahorrarle dinero a la SHCP.

La propuesta que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea consiste en establecer con claridad en el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente que en el caso de los pensionados por el seguro de IVCM de la Ley 73, el salario diario que se tome para determinar la cuantía de la pensión sea el salario de cotización promedio de las últimas 250 semanas.

Con una reforma legal en el sentido anterior, este Poder Legislativo contribuiría a evitar la incertidumbre que se podría crear con una decisión del Consejo Técnico del IMSS (en lo inmediato o posterior) de asumir el criterio de la SCJN; los riesgos que tendría que sumar al Instituto a los casi 102 mil asuntos litigiosos que enfrenta hoy día, así como la merma en los ingresos de los pensionados.

No es castigando a los pensionados como se va a resolver el gobierno su incapacidad recaudatoria ni va a tapar los hoyos dejados por regímenes de excepción; los trabajadores no tenemos por qué empeñar nuestro futuro ni seguir condenados a una vejez de abandono y miseria. Aspirar a pensiones remunerativas no es un lujo, es la garantía de un futuro más justo y digno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración de este Honorable Pleno el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO. …

Para la determinación del salario diario de las pensiones calculadas conforme a la ley que se deroga se tomará como base lo establecido en el párrafo anterior.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIP. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ ________________________

DIP. AVELINO MÉNDEZ RANGEL _____________________________

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de agosto de 2010

agosto 4, 2010Enlace permanente

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GPPRD, PARA INAUGURAR EL FORO “LA NUEVA LEY DEL ISSSTE, UNA EVALUACIÓN NECESARIA”

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Palacio Legislativo, 21 de julio de 2010

Versión No. 638

ELABORARÁN TRABAJADORES Y LEGISLADORES PROPUESTA DE REFORMA INTEGRAL A LEY DEL ISSSTE: HERNÁNDEZ JUÁREZ

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GPPRD, PARA INAUGURAR EL FORO “LA NUEVA LEY DEL ISSSTE, UNA EVALUACIÓN NECESARIA”

 

Diputado Francisco Hernández Juárez (FHJ): Gracias.  Buenas tardes a nuestros invitados ponentes, quienes hoy han hecho un gentil esfuerzo para atender esta convocatoria e impulsar, nuevamente, este propósito de proponer cambios a esta nueva Ley del ISSSTE.

Yo quisiera hacer un pequeño recuento en relación a esta Ley del ISSSTE. Desde luego, agradeciéndole a mi compañera Rosario Ortiz que ahora ha trabajado intensamente para la realización de este evento, (junto) a mi compañero Alberto.

Me parece que es indispensable hacer notar que ella tuvo, básicamente, la responsabilidad de impulsar este trabajo en la LX Legislatura. Ahora que deja esta responsabilidad y que me toca a mí asumirla en esta Legislatura, ella me ha entregado este trabajo y, obviamente, con el propósito de que no se quede en el tintero y que se pueda dar continuidad a los trabajos que se vinieron realizando en los meses recientes.

Buenas tardes a todas y todos los asistentes a este Foro y a nuestros distinguidos ponentes:

En abril de 2007 entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE. Su propósito fue darle continuidad a las reformas privatizadoras a la seguridad social que han iniciado desde hace dos décadas.

Con esta nueva disposición, se instauró para los servidores públicos un sistema de pensiones basado en la administración de cuentas individuales, las bases para la privatización de los servicios médicos y el condicionamiento de prestaciones sociales y económicas a criterios financieros y mercantiles.

Los promotores de la nueva ley apostaron al albazo legislativo y luego al desgaste, pensando que el nuevo ordenamiento podría transitar sin mayores obstáculos. No contaban con que trabajadores y trabajadoras harían uso del juicio de amparo para defender sus derechos.

Frente a las movilizaciones ya en marcha y al empezar el proceso de las demandas de amparo, de abril de 2007 a agosto de 2009, el Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura acordó integrar un equipo de abogados para asesorar hasta su conclusión las demandas de amparo por la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores afiliados al ISSSTE. Se acordó que el seguimiento y la asesoría sería un servicio profesional, sistemático y gratuito.

En este proceso, se atendió a cerca de 500 mil trabajadores y trabajadoras que, de manera directa o a través de sus representantes, asumieron el formato de demanda de amparo contra la nueva Ley del ISSSTE.

Adicionalmente, nuestro Grupo Parlamentario presentó dos quejas ante la OIT el 7 de junio de 2007 junto con integrantes del STUNAM, SAGARPA, SUTIN, SITUAM, 14 secciones del SNTE, CONACULTA y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante junio de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este asunto con la intención de crear jurisprudencia para resolver el gran cúmulo de juicios que se habían presentado. Después de las audiencias públicas, la Corte decide, por mayoría, que la nueva Ley del ISSSTE no viola el principio de irretroactividad y declara la inconstitucionalidad de cinco artículos de la nueva Ley del ISSSTE. Así mismo emite cerca de 90 jurisprudencias, algunas de las cuales controvierten la aplicación de la ley, por ejemplo las referidas al salario de cotización.

También, se han emitido disposiciones administrativas que han reconocido derechos que la nueva ley había conculcado: recuperación de recursos del SAR; pensiones derivadas y la actualización de las pensiones, entre otras.

Contrario a lo que dijeron sus promotores, la reforma no ha resuelto los problemas financieros del Instituto. De acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial de 2010, el déficit financiero en el seguro de salud, descontando los ingresos y las reservas al cierre del 2009, asciende a 327 mil millones de pesos, equivalente al 21 por ciento de los ingresos futuros del ISSSTE y al 2.6 por ciento del PIB del año pasado.

Además de presentar elementos para hacer esta evaluación, a más de tres años de entrada en vigor de la Ley del ISSSTE y a dos de las resoluciones de la Corte, consideramos fundamental no dar por terminado este asunto.

La ley establece que su contenido debe revisarse cada cuatro años “para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto”.

Esta revisión es necesaria no sólo por el mandato legal y las disposiciones adversas que contiene. Es imperativo en este contexto reconocer que es necesario pasar a una nueva etapa de lucha: la etapa de la propuesta.

Es imperativo que las y los trabajadores, así como sus organizaciones, los expertos en la materia, así como los legisladores trabajemos en elaborar una propuesta de reforma integral a la Ley del ISSSTE bajo principios de una seguridad social universal, equitativa, solidaria, pública, redistributiva y viable, social y financieramente.

Esperamos que, como resultado de este foro podamos, coordinarnos para conformar un proceso de trabajo tendiente a elaborar una propuesta legislativa que reforme de forma integral la Ley del ISSSTE vigente. La capacidad propositiva de las fuerzas democráticas será la mejor manera de anticiparnos a albazos legislativos y a proponer una agenda de discusión sobre el futuro de nuestra seguridad social, de nuestras instituciones y de la protección que como trabajadores y trabajadoras requerimos junto con nuestras familias.

A nombre de nuestro grupo parlamentario deseo agradecer su presencia y la generosidad de nuestros ponentes, cuyas aportaciones serán invaluables para cumplir los objetivos de este foro.

Muchas gracias, muy amables.

julio 21, 2010Enlace permanente