INTERVENCIÓN DEBATE EXTINCIÓN LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

Desde la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la emisión del decreto de extinción del organismo descentralizado, el despido masivo de 44 mil trabajadores y la consecuente resistencia de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta Soberanía se han manifestado dos posiciones sobre el tema.

Por un lado, se ha querido reivindicar el carácter plural de esta Asamblea y se ha respaldado una interpretación correcta del decreto, asumiendo su inconstitucionalidad.

Con este decreto, el Ejecutivo Federal viola principios jurídicos y garantías elementales; sin fundar ni motivar debidamente este acto de autoridad, ha puesto en juego la vigencia del estado de derecho; para un conjunto de trabajadores, trabajadoras y sus familias se suspendieron el derecho al trabajo, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, el principio de aplicación estricta de la ley y de justo proceso; se les han conculcado derechos individuales y colectivos en materia laboral: la libre asociación y la protección del derecho a la sindicalización y se les cesó masivamente sin un proceso legal de por medio. Los trabajadores afectados por la extinción de Luz y Fuerza han quedado, con este acto de autoridad, aún más indefensos que un secuestrador, un sicario o un narcotraficante pues (como dicen los abogados) sin ser escuchados y vencidos en juicio, ya se les ha condenado.

En ese sentido, quienes compartimos esta visión propusimos la creación de una comisión especial para estudiar la viabilidad de una acción jurídica a emprender con relación a dicho decreto de extinción.

Asimismo, se ha propuesto crear una comisión intermediadota para encontrar una salida negociada a este conflicto. La propuesta se hizo en la Comisión Permanente el pasado mes de enero sin que se haya dictaminado. Esta propuesta se hizo a raíz del menosprecio que mereció la propuesta de una comisión de intermediación conformada por senadores de la República, el rector de la UNAM y el ex director del IPN. Recordemos que incluso ante movimientos armados se han conformado comisiones de intermediación cuyos resultados han dependido de la falta de voluntad negociadora del gobierno.

El día de hoy, los trabajadores afiliados al SME, y miles de organizaciones se manifiestan en contra de las medidas del gobierno federal, de su carencia de voluntad para debatir propuestas de solución pacíficas y negociadas a un conflicto laboral.

Al fracaso del gobierno federal para atender demandas de la población, cumplir con obligaciones constitucionales y legales, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos y las mexicanas se suma el ínfimo talento para alcanzar acuerdos y lograr soluciones ante conflictos del tamaño del que ahora motiva este debate.

Consideramos que, como cuerpo representativo de la voluntad popular, no podemos quedarnos a la zaga del gobierno; ser indiferentes y pensar que las demandas de los trabajadores y las trabajadoras en lucha no nos atañen. O lo peor, caer en la complicidad a que nos ha limitado la Junta de Coordinación Política, al haber puesto obstáculos para la interposición de una acción de inconstitucionalidad que en su momento daría a la sociedad en su conjunto elementos de certeza jurídica de los que hoy carecemos.

Honorable Asamblea:

Los exhorto a sumarse a este esfuerzo por recuperar al derecho como el principio que rija nuestras relaciones sociales, a que el diálogo y la negociación sean los medios para zanjar nuestras diferencias, que se den garantías y certeza a todos de que estamos protegidos contra los abusos de la autoridad y de que la Soberanía de esta Cámara de Diputados, máxima representación de la pluralidad y los intereses de nuestra Nación tiene un efecto positivo sobre los problemas de la vida nacional.

De la misma forma, solicito a la Junta de Coordinación Política a que, de la misma manera en que se ha atendido la problemática de las huelgas mineras, se atienda la proposición presentada en la Comisión Permanente para constituir un Grupo Plural de naturaleza bicameral para que intervenga en pos de reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, a efecto de que se alcancen propuestas viables, legales y democráticas, para resolver la problemática generada por la emisión del decreto de liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de marzo de 2010

marzo 17, 2010Enlace permanente

Comisión Especial de Diputados, Conflicto Minero

COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA SURGIDA DE LOS CONFLICTOS MINEROS EN EL PAÍS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputado Francisco Ramírez Acuña 
Presidente de la Mesa Directiva 
Honorable Cámara de Diputados 
Presente

Por este conducto y en cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno en su sesión del jueves 23 de febrero, por el que se creó la Comisión Especial para da seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país, me permito comunicar a usted las designaciones de diputados hechas para integrarse a ésta, tal y como fueron comunicados por los grupos parlamentarios, solicitándole sean puestos a la consideración del pleno y se integren a los expedientes correspondientes:

Nombre/cargo/grupo parlamentario

Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, integrante, PAN; 
Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante, PAN; 
Diputado Ramón Jiménez López, secretario, PRD; 
Diputado Francisco Hernández Juárez, integrante, PRD; 
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario, PVEM; 
Diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante, PT; 
Diputado Roberto Pérez de Alba, integrante, Nueva Alianza; 
Diputada Ana Laura Arizmendi Campos, integrante, Convergencia.

Atentamente 
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica) 
Presidente

marzo 5, 2010Enlace permanente

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA


El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la huelga de Cananea, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Cananea es el cruce de caminos de nuestra historia, un momento fundacional del movimiento obrero y del México contemporáneo. La población sonorense representa, como pueblo de frontera, el punto de origen de las luchas contemporáneas del pueblo mexicano. Hoy, los herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que, al paso de un siglo, no han podido terminar con la veta de rebeldía del trabajador minero.

En la noche del último día de mayo de 1906, los 5,360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolidated Cooper Company declaran la huelga, acto casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos; jornada de ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los estadounidenses, mismas

que fueron rechazadas por el coronel William C. Green, gerente de la mina, por considerarlas “absurdas”. La respuesta de la dictadura fue una sangrienta represión los días 1 y 2 de junio en la que intervinieron los ejércitos mexicano y estadounidense. Se asesinaron a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60 detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la leva, para combatir a los yaquis. Para el 6 de junio, se restablecen las labores bajo vigilancia militar.

Sin embargo, estos precursores de la Revolución Mexicana lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas. Dirigentes de las jornadas de 1906 se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros del Congreso Constituyente de Querétaro en el que se plasmarían el derecho a una jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga.

No olvidemos que décadas después, el ejército mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo. En agosto de 1989, el ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea en momentos en que la representación sindical negociaba una revisión contractual. Luego de más de dos meses de lucha, bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y realizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después, la empresa minera fue privatizada a un precio ridículo.

2. El 30 de junio de 2007, los trabajadores de Cananea estallaron una huelga en defensa de su contrato colectivo. Al mismo tiempo, en Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana hicieron uso de una garantía constitucional: el derecho de huelga frente a violaciones del patrón al contrato colectivo de trabajo.

En esos casos, el denominador común es el de salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores mineros, pactada bilateralmente, pero no garantizada por el patrón en cada centro de trabajo. También es común a los tres conflictos enfrentar a un grupo empresarial, el Grupo México, que se caracteriza por la absoluta falta de respeto a los derechos laborales, la rapacidad como filosofía empresarial y la complicidad con autoridades venales.

El Grupo México ha hecho de la impunidad su principal fuente de riqueza pues antes de invertir un peso en proteger la vida de un operario, prefiere comprar complicidades y  obtener ganancias basadas en la negligencia criminal y en la explotación desmedida de los trabajadores a su servicio.

En diversas ocasiones, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha desempeñado una labor vergonzosa; en diversas ocasiones ha declarado inexistente la huelga con motivos irrisorios. En estas ocasiones, el Poder Judicial, por la vía del juicio de garantías ha hecho valer los derechos constitucionales de los huelguistas;

empero, el pasado jueves 11 de febrero, seis meses después del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo radicado en el Distrito Federal, inusitadamente negó el amparo a los trabajadores de Cananea y ordenó la terminación de las relaciones laborales por supuestas “causas de fuerza mayor” y porque supuestamente la mina es inoperable luego de 30 meses de huelga, razones que no pueden sobreponerse a derechos fundamentales de los trabajadores.

Una resolución como la citada conculca garantías constitucionales, crea un nuevo foco de conflicto que puede llevar a la violencia, atropella el estado de derecho y evidencia el carácter parcial de quienes deberían respetar y hace respetar las leyes. La población de Cananea teme que se tomen por la fuerza las instalaciones que resguardan, pues de esto hay un precedente cuando en enero de 2008, más de 700 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intentaron apoderarse de la mina, ante un fallo de la Junta que fue anulado por la vía del amparo.

Honorable Asamblea:

Hoy, la lucha sindical vuelve a enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas condiciones. Esta Honorable Cámara de Diputados, debe manifestar su compromiso con las mejoras causas del pueblo de México. Proponemos que se pronuncie contra cualquier medida que pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las

conquistas y las luchas legítimas del pueblo trabajador y haga un enérgico llamado a las autoridades laborales y judiciales a conducirse en un marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.

Proponemos que haya firme pronunciamiento para que la resolución del conflicto en esta empresa, así como de todas las huelgas y paros del sector minero metalúrgico, se resuelvan por la vía del diálogo y la concertación, con estricto apego a lo dispuesto en la Constitución, en las leyes, en los contratos colectivos y en las normas estatutarias sindicales.

Finalmente, retomamos la propuesta presentada en su momento por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del PRI, y la presentada por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del PRD, en el sentido de integrar un grupo plural de diputados que intervenga activamente para la solución de este conflicto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA HUELGA DE CANANEA
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Gobierno

Constitucional del estado de Sonora a que, en un marco de respeto al estado de derecho, se abstenga del uso de la fuerza pública hacia los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Segundo. Así mismo, exhorta a las partes involucradas a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

Tercero. Finalmente, acuerda la constitución de un grupo plural de diputados y diputadas  de todos los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía que busque un acercamiento entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Grupo México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que permita solucionar el conflicto objeto de la presente proposición,

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de Febrero de 2010

marzo 2, 2010Enlace permanente

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA EXPLOSIÓN DE LA MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ACEPTE LA RECOMENDACIÒN 64/2008 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RELATIVA A LA EXPLOSIÓN DE LA MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

 Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, al tenor de las siguientes

 CONSIDERACIONES

 Este 19 de febrero se cumplen 4 años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas Coahuila.

 Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno; han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo dueños del corporativo Industrial Minera México. A lo largo de estos años los deudos de los mineros fallecidos han logrando importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hacen responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.

 En las legislatura LIX y LX, ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión y que el grupo Industrial Minera México lo era  por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.

 Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Publico de la Federación, para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencias en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene y de tutelar la vida de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos.

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Publico de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia. Del mismo expediente se determina que era necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro; además que se hace necesario un peritaje de química forense a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.

 Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR. Incluso el agente del Ministerio Publico de la Federación solicitó al Director General de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy, respuesta alguna de la citada dirección.

 Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.

 Esta impunidad ha permitido que el grupo Industrial  Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del “homicidio industrial” ni a los funcionarios que debían evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

 PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, a que atendiendo al artículo 102 apartado B de nuestra Carta Magna, acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo, durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia implemente los puntos recomendatorios, con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar.

 Dip. Francisco Hernández Juárez                                         Dip. Ramón Jiménez López

 Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2010

marzo 1, 2010Enlace permanente