INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto consideración de este Honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las pensiones y jubilaciones que se otorgan al amparo de las leyes vigentes en seguridad social constituyen un mecanismo de protección a los trabajadores y trabajadoras que por alguna causa dejen de recibir un ingreso. La protección que otorga la sociedad a quienes por motivo de invalidez, por un riesgo de trabajo, por vejez o por cesantía en edad avanzada dejan de estar en condiciones de laborar consiste en pensiones, jubilaciones, ayudas asistenciales o asignaciones familiares. En caso de fallecimiento del asegurado o del pensionado, la ley prevé la protección a sus beneficiarios, a través de pensiones de viudez, orfandad u ascendencia.

En el caso de los pensionados adscritos al régimen obligatorio del Seguro Social, la pensión que se les otorga es sumamente inferior al salario que recibían como activos y conforme al cual cotizaban al Instituto Mexicano del Seguro Social. En promedio, dos millones 567 mil de pensionados del IMSS reciben pensiones miserables. Por ejemplo, los pensionados por cesantía en edad avanzada recibían en 2007 una pensión 70 pesos diarios; en cambio, el salario básico de cotización del trabajador activo en promedio es del triple, 201 pesos diarios.

Es evidente que la cuantía de estas pensiones no evita una situación de pobreza en la vejez; estamos ante millones de pensionados y sus familias que subsisten luego de toda una vida de trabajo en situación de pobreza absoluta.

La situación tampoco tiende a revertirse en tanto el sistema de ahorro para el retiro vigente no está diseñado para garantizar pensiones dignas a quienes accedan a los beneficios de las leyes de seguridad social.

2. La crisis económica, la carestía, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el cobro de mayores impuestos agudiza más la situación de pensionados y jubilados.

Las pensiones recibieron en febrero un aumento por la inflación acumulada en 2009 de 3.57 por ciento. Sin embargo, el 37 por ciento de 172 productos genéricos de una canasta básica aumentaron de precio durante diciembre pasado. Si se considera sólo el rubro de los alimentos, el alza fue de 5.81 por ciento en términos anuales.

A este deterioro del poder adquisitivo de las pensiones debe agregarse que un pensionado por sus condiciones de salud o de edad tiene menos oportunidades de obtener un ingreso adicional por su propio trabajo; peor aún, en caso de emplearse en el sector formal, le sería suspendida la pensión.

El pensionado tampoco goza de prestaciones económicas que disfrutan algunos trabajadores en activo; sin embargo sus necesidades no son menores e incluso los hogares a cargo de un pensionado, por la escasez de ofertas de trabajo, son cada vez más numerosos. De acuerdo a datos del INEGI, 3 millones 704 mil hogares reciben ingresos de jubilados y pensionados

3. El gobierno actual que es responsable de esta situación se empeña en gravar a quienes menos tienen. Se incrementa el impuesto sobre la renta a los contribuyentes cautivos, las y los trabajadores asalariados de ingresos medios; se aumenta el impuesto al consumo; se frena el acceso a servicios de telecomunicaciones y el desarrollo nacional a través de impuestos especiales al sector.

Y a través de regímenes de excepción se permite que grandes empresas no paguen un centavo por sus ganancias o difieran estos pagos. De 4 millones 291 mil personas morales registradas en el Sistema de Administración Tributaria de las cuales sólo pagan gravámenes 791 mil 200, el 18.5 por ciento; de las 400 grandes empresas que operan en el país sólo cerca de 2 por ciento pagó ISR amparado en el régimen de consolidación fiscal.

De acuerdo a información disponible, a partir del presente mes, se ha cobrado a pensionados del Seguro Social el impuesto sobre la renta, hecho inusitado porque este cobro no se había llevado a cabo antes. A falta de un proyecto de reforma fiscal integral, se busca incrementar los ingresos públicos con contribuyentes cautivos. Los ingresos recaudados por este gravamen son mínimos pues sólo el 1.5 por ciento de pensionados tienen ingresos por arriba del límite exento.

Según los afectados, el cobro se hace a las pensiones superiores a nueve veces el salario mínimo con una tasa de hasta 20 por ciento sobre el excedente a dicho límite superior; el IMSS argumenta que esto forma parte de la pasada aprobación del paquete económico para el año en curso.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece lo siguiente:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

(…)

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Lo que ha argumentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que este cobro no se había hecho anteriormente “por problema de operatividad”; el Sistema de Administración Tributaria niega que esto no se haya aplicado previamente y el IMSS no se ha pronunciado.

Con esto, se puede presentar una tendencia a gravar las prestaciones económicas y sociales de las y los trabajadores que como contribuyentes cautivos sostienen gran parte de los ingresos fiscales que recauda el gobierno federal. La lucha de trabajadores y trabajadoras por mejorar sus ingresos, a través de la contratación colectiva, resulta amenazada por medidas de este tipo.

Es conveniente deslindar a esta Soberanía de este cobro pues en definitiva es inexacto afirmar que es un impuesto nuevo aprobado en el marco del paquete fiscal para el año en curso.

Pero resulta muy importante observar que el cobro de un impuesto a este beneficio resulta claramente inconstitucional; el trabajador goza de una pensión por haber aportado al sistema de seguridad social al que está adscrito; la pensión es resultado de sus aportaciones a un fondo que ya sea solidario o individual, es resultado de aportaciones de su propio salario. Dicho salario ya fue gravado a lo largo de su carrera laboral por lo que es improcedente que el resultado de estas aportaciones sea gravado nuevamente.

En la presente iniciativa se propone exentar absolutamente los ingresos que obtienen los pensionados y jubilados, viudas y huérfanos, para evitar la doble tributación que describimos y para apoyar su condición social y económica, como una medida de justicia y equidad que debe tomarse urgentemente sino queremos seguir deteriorando la situación de una sociedad cansada de los abusos de un gobierno empeñado en agraviar a los que menos tienen.

Los cobros que se hayan realizado hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto deberán devolverse de inmediato a quienes se les hayan efectuado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. y II. …

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.

IV. a XXVIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá a los pensionados el cobro del impuesto sobre la renta que haya efectuado a partir del 1 de febrero de 2010 en el pago inmediato posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 9, 2010

febrero 17, 2010Enlace permanente

Discurso en mitin, 29 de enero

Discurso presentado por el Co.Francisco Hernández Juárez en el mítin realizado en la marcha del 29 de enero de 2010

Construir una fuerza unitaria es nuestro reto

México, D.F., 29 de enero de 2010.

 

Esta manifestación ocurre en un momento especialmente importante y difícil del presente en nuestro país, y será sin duda en mucho determinante para el futuro de todos los mexicanos. El momento está caracterizado por una agudización sin precedente de las contradicciones y desigualdades económicas, políticas y sociales que se han venido acumulando a lo largo de casi treinta años, que hemos sido gobernados por las políticas dictadas por el gran capital multinacional y sus socios y aliados nacionales. El deterioro creciente de los niveles de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos, se expresa principalmente en una crisis de los salarios, del empleo, de la seguridad social, de la educación pública, en la devastación del campo mexicano y de la soberanía alimentaria, en la inseguridad pública y en un futuro por demás incierto para los trabajadores y sus familias.

 

El  modelo neoliberal ha tenido deficiencias enormes, y ha sido sin duda incapaz de resolver los problemas del desarrollo del país,  además de que ha creado nuevos problemas, más severos aún, y nuevas formas de desigualdad y de injusticia. A pesar de las cuentas alegres y del infundado optimismo de la coalición multipartidista gobernante, el modelo ha sido un fracaso en lo económico,  y no sólo colocó a México en una situación de extrema y peligrosa vulnerabilidad en el embate de la crisis financiera global, sino que nos ha hecho retroceder aceleradamente en niveles de competitividad y de productividad mundial. El modelo desplomó también los niveles de crecimiento, comprometiendo con ello cualquier expectativa de desarrollo.

 

Además del fracaso económico, el modelo ha sido también un fracaso político y social.  Una de sus grandes debilidades de origen, fue que los grupos gobernantes han pretendido en todo momento disociar la dimensión económica de lo político y lo social, de tal suerte que en ningún momento a lo largo de las últimas tres décadas,  ha existido una visión integrada del cambio democrático en nuestro país, en estas tres dimensiones.

 

Esto es particularmente importante, porque todo indica que el actual gobierno pretende repetir ese error, y las fuerzas sociales y políticas democráticas no podemos ni debemos permitirlo.    Una vez más,  el Ejecutivo ha lanzado una propuesta de reforma política que pretende ser muy avanzada, pero que no es sino una réplica de anteriores intentos de reforma política y electoral, al margen de sus correspondientes reformas económicas y sociales. Después de numerosos tropiezos, una de las grandes lecciones de la frágil e inconclusa transición a  la democracia en México es que no puede existir un cambio económico exitoso en ausencia de una contraparte de cambio político y viceversa.   No es posible plantear cambios políticos dejando intacto el modelo económico.   Más peligroso puede ser aún que esos cambios políticos estén dirigidos principalmente a legitimar y afianzar el fallido modelo económico, como ha sucedido hasta ahora.   Esto explica, en muy buena medida, por qué las contradicciones y las desigualdades se han venido acentuando, en la medida en que la economía y la política están articuladas en un mismo proyecto.

 

Es por eso que necesitamos tener muy clara la importancia del momento actual,  y el imperativo de que las fuerzas sociales y políticas democráticas nos propongamos el gran esfuerzo histórico no sólo de resistir, sino de construir  una opción distinta frente al modelo económico, social y político vigente.     Sólo puede existir un cambio político democrático en la medida en que el modelo económico se democratice también, lo que implica obligadamente retomar la ruta del crecimiento y del desarrollo mediante la distribución del ingreso, la riqueza y el poder,  y en la medida en que tengamos también un modelo social democrático, más allá de los contrapesos y equilibrios entre poderes, que construyamos un modelo de sociedad pluralista, autónoma,  multicéntrico, que termine con la arrogancia del presidencialismo, del autoritarismo, de los controles del corporativismo de la partidocracia y de los poderes tácticos. 

 

La situación del país denuncia un deterioro y una descomposición sin precedente, que se expresa también en una enorme inseguridad económica, social y política que pone en entredicho la sustentabilidad del Estado mexicano. Hoy más que nunca, no podemos perder de vista que la razón fundamental del Estado, entendido este como la conjugación del gobierno y la sociedad,  es proporcionar seguridad, cohesión, estabilidad y certidumbre a la comunidad de una nación.  Sin embargo, hoy en México es un privilegio tener esa seguridad y esa certidumbre, no sólo porque los poderes fácticos y delincuenciales amenazan y desafían día con día a la comunidad de la nación,  sino porque no existe tampoco seguridad económica, ni  seguridad en el empleo, ni certeza, ni certidumbre de un futuro mejor para la inmensa mayoría de los mexicanos. 

 

El riesgo del momento actual es que quedemos atrapados sólo en la dimensión del corto plazo, en el desgaste de discutir una reforma política al margen de la reforma económica y social,  en las trampas de condicionar esa reforma política a los procesos electorales del año y al inevitable entramado del 2012, a los juegos de poder entre grupos y de grupos dentro de los grupos, a la infinita dispersión de fuerzas y esfuerzos que conlleva no tener un programa común, una estrategia común, un destino común de cambio democrático en todas sus dimensiones. 

 

Construir esa fuerza unitaria es nuestro reto. Este movimiento no puede perderse en los laberintos de los sectores y del sectarismo corporativo.  Debemos elevar las miras a la historia, al momento crítico que vivimos, a la quizá irrepetible oportunidad de construir una nueva opción, un proyecto integral de cambio democrático, de Reforma del Estado, desde abajo y para los de abajo, del lugar de trabajo, el aula, la organización comunitaria, con los trabajadores del campo, la industria y los servicios, con los intelectuales y los jóvenes. Vayamos por un cambio firme y duradero, que recupere la dignidad del Estado en su sentido más profundo de garante de un pacto social para la seguridad, el desarrollo económico y humano, el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales de todos los mexicanos. Las reformas parciales y aisladas son insuficientes y engañosas. No es momento de titubeos.   Convocamos al gobierno a escuchar y dialogar,  a cambiar y reorientar el rumbo del país. Nosotros lo haremos, con nuestra fuerza, nuestra movilización, nuestra voluntad y nuestra clara dimensión de la Historia.

 

“ VIVAN LAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO”

 

“ VIVAN LOS COMPAÑEROS DEL SME, MINEROS “

 

“ VIVA MEXICO “

 

“ VIVA LA UNT “

febrero 2, 2010Enlace permanente