RESERVA QUE ELIMINA LOS ARTÍCULOS 2º, FRACCIÓN II, INCISO C), 3º, FRACCIONES XIV, XV Y XVI, Y 8º, FRACCIÓN IV, DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente reserva que ELIMINA los artículos 2º, fracción II, inciso c), 3º, fracciones XIV, XV y XVI, y 8º, fracción IV del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios incluye un gravamen especial a los servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones.

Esta es una propuesta presentada por el Ejecutivo y, que fue retomada por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscriben el dictamen en comento. Respecto de la propuesta original, la cuantía del impuesto pasa de 4 a 3 por ciento.

El impacto social y económico de gravar los servicios de telecomunicaciones con un impuesto especial de cuatro por ciento será de graves dimensiones para sectores fundamentales en el crecimiento y desarrollo del país.

La comunicación en el mundo global se ha convertido en una necesidad básica: desde las comunidades más alejadas hasta las grandes transacciones financieras hacen uso de los servicios en telecomunicaciones.

Con un impuesto como el que se pretende aprobar, se afectará a 80 de 107.6 millones de mexicanos y mexicanas que viven en el país, en plena crisis económica.

La educación, la ciencia y la tecnología, verán mermada aun más su raquítico presupuesto. El Ejecutivo Federal prioriza los resultados que le dan las calificadoras financieras internacionales en vez de garantizar un mayor gasto en educación, ciencia y tecnología. Pareciera que el gobierno olvida que el Internet es un indicador clave de desarrollo social, cultural y económico.

Las instituciones de educación media y superior, se encuentran como nunca en la encrucijada de aplicar un presupuesto reducido sin afectar la calidad de la educación, la investigación y cumplir con sus obligaciones laborales o mantener el costo de la comunicación del que hace uso su comunidad académica.

Al encarecer los servicios en telecomunicaciones, se profundizará la brecha digital. México se alejará cada vez más de las economías con la cuales ya tiene dificultades para competir. En 2008 se tenía una brecha entre suministro y demanda de Internet de banda ancha de 1.5 millones de líneas de acuerdo al PIB del país; dentro de los países de la OCDE, México tiene uno de los niveles más bajos de penetración de servicios móviles por debajo de Turquía y Corea.

En el dictamen no se contempla que la industria de las telecomunicaciones es una fuente importante de ingresos para el erario público y que actualmente tiene al menos 14 diferentes gravámenes entre los más importantes están:

  • Derechos y aprovechamiento por uso del espectro; se estima una recaudación del orden del 4.8 miles de millones de pesos al año.
  • IVA, 43 miles de millones de pesos al año; información reportada por Cofetel de acuerdo con los ingresos totales de la industria en 2008
  • ISR, 28 mil de millones de pesos al año; información reportada por Cofetel de acuerdo con los ingresos totales de la industria en 2008.
  • Además del impuesto sobre nómina y aranceles a la importación de equipos e infraestructura.

La aprobación de este gravamen reducirá aún más las potencialidades de nuestro país para enfrentar los retos productivos, educativos y científicos de nuestros días en un mondo que depende cada vez más de la tecnología y de la información para aprovechar las escasas oportunidades de desarrollo y competitividad. Conminamos a cada uno de las y los integrantes de esta Honorable Asamblea a reflexionar su voto frente a una medida cuyos efectos pueden ser demoledores para un país en crisis y con escasos márgenes para enfrentar la dinámica del mundo contemporáneo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal somete a consideración de este Honorable Pleno la siguiente reserva que ELIMINA los artículos 2º, fracción II, inciso c), 3º, fracciones XIV, XV Y XVI, y 8º, fracción IV del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2º. …

I. …

II. …

A) a B) …

C) Se elimina.

Artículo 3º. …

I. a XIII. …

XIV. Se elimina.

XV. Se elimina.

XVI. Se elimina.

Artículo 8º. …

I. a III. …

IV. Se elimina.

Dip. Francisco Hernández Juárez

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2009

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octubre 26, 2009Enlace permanente

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD CONTRA EL DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Subo a esta tribuna para expresar el voto razonado de mi Grupo Parlamentario ante las modificaciones aprobadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Nos parece un abuso y una burla que el gobierno mantenga una política de ingresos basada en seguir despojando de sus míseros ingresos a los contribuyentes cautivos, que son la masa de trabajadores asalariados del sector formal.

Dos terceras partes de los contribuyentes son personas físicas asalariadas que aportan el 42 del impuesto sobre la renta; de éstos, 55 por ciento reciben tres salarios mínimos o menos.

La estrategia de recaudar de este sector cada vez más empobrecido nos muestra las intenciones de un gobierno empecinado en proteger privilegios de las grandes empresas e incumplir los principios de equidad y proporcionalidad establecidas en la Constitución.

En vez de aumentar la base de contribuyentes, de atacar los regímenes especiales, de acabar con paraísos fiscales o de eficientar y transparentar la recaudación, se propone aumentar las tasas de quienes ya sostienen la hacienda pública.

El Grupo Parlamentario del PRD presentó un conjunto de propuestas para mejorar los ingresos públicos en el próximo ejercicio fiscal. En el debate que dio lugar al presente dictamen no se tomaron en cuenta; se privilegió la discusión cupular, la defensa de intereses de grupos de poder en vez del interés general.

Como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza, se ataca a quienes menos tienen, se socializan los costos de la crisis y se protege a sectores sociales auténticamente privilegiados. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2000 y 2005, las principales empresas mexicanas sólo pagaron 141 pesos por concepto de IVA e ISR. Los regímenes especiales, auténticos trajes a la medida de sectores auténticamente privilegiados, de no tener las excepciones que persisten en la ley permitirían recaudar cerca de 733 mil millones de pesos, según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cambio, un trabajador medio, con un ingreso mensual de cerca de 10 mil pesos, debe entregar al fisco 1 mil 037 pesos cada mes y con las modificaciones a discusión se aumentará esta carga.

Al parecer los grupos en el poder esperan aplicar un mayoriteo mecánico en esta votación y tal vez en la colegisladora, confiados en que la correlación de fuerzas en el Congreso les favorece en este momento. Sin embargo, no harían mal en pensar que afuera de este recinto el descontento social, los agravios a la población trabajadora, las promesas incumplidas de cambio y de justicia social terminarán por no favorecerles y se estará creando una situación de polarización social, de mayor empobrecimiento cuyos efectos sobre la estabilidad y el desarrollo de nuestro país son incalculables.

Nuestro Grupo Parlamentario llama a un voto razonado y en conciencia sobre este dictamen, esperando que la conciencia cívica y patriótica de los integrantes de esta Asamblea prevalezca sobre los intereses y los privilegios que están llevando a nuestro país a una situación insostenible.

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octubre 26, 2009Enlace permanente

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

En tribuna del Congreso

En tribuna del Congreso

Diputado Presidente,

Compañeras diputadas,

Compañeros diputados,

Señor Secretario del Trabajo, Javier Lozano,

1. La mayoría de las organizaciones de la UNT y del movimiento nos sentimos profundamente agraviados por la agresión orquestada contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Las atribuciones constitucionales y legales del secretario de Trabajo no incluyen hacer declaraciones de guerra contra los sindicatos. Calificar, como lo hizo, de asunto concluido e irreversible la extinción de Luz y Fuerza sin agotar los recursos contemplados en la Constitución y las leyes, negando el derecho de audiencia y la garantía del legítimo proceso a los trabajadores inconformes contra el decreto de extinción es una manera ominosa no sólo de atacar el derecho laboral y de negar su investidura como intermediario entre los factores de la producción, además niega de manera escandalosa la vigencia el estado de derecho: cualquier ciudadano afectado por un acto de autoridad tienen la garantía de solicitar la protección del Poder Judicial Federal, sea a través del amparo o mediante la controversia constitucional que se encuentra en estudio en esta Soberanía.

Déjeme decirle que nadie puede estar en contra de corregir las deficiencias de Luz y Fuerza del Centro, de que el Sindicato Mexicano de Electricistas actualice y modernice su relación laboral con la empresa. Pero pretender hacernos creer que todos los problemas de Luz y Fuerza son responsabilidad de los trabajadores y su sindicato es ofender nuestra inteligencia. Es el viejo discurso de la derecha con sus políticas económicas neoliberales que carga sobre la espalda de los trabajadores todo el peso del ajuste. No les ha bastado diminuir en 70 por ciento el salario real, gravar prestaciones, privatizar las pensiones, precarizar el empleo; ahora también van por los sindicatos.

2. Lamentablemente, esta agresión no es el único caso en que se pone de manifiesto el desapego de las autoridades laborales respecto a sus funciones sustantivas. Miles de trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria o el INCA Rural viven en la incertidumbre ante los anuncios del cierre de sus dependencias. Los trabajadores de Vidriera del Potosí o Mexicana de Aviación se han enfrentado a la estrategia empresarial de interponer conflictos de carácter económico, que se han utilizado para desaparecer fuentes de trabajo o reducir sus prestaciones con la complacencia de las autoridades laborales.

En vez de buscar solucionar estos conflictos por la vía del diálogo, el secretario Lozano politiza asuntos laborales para prolongar su obsesión de enfrentarse a la dirigencia del gremio minero.

Los trabajadores del sindicato minero han demostrado hasta dónde están dispuestos a llegar por la defensa de la autonomía sindical. Criminalizar la resistencia como lo han hecho el actual y el anterior secretario del trabajo no abona a resolver el conflicto. Hoy, los conflictos siguen vigentes, se mantiene la polarización y se ha llegado a una violencia que ha cobrado vidas de los trabajadores en lucha.

3. Su gestión no sólo ha cometido estos atropellos. Como responsable de conducir la política de fomento al empleo y proteger el salario, sólo reporta malos resultados.

De acuerdo al INEGI, al iniciar este gobierno había un millón 601 mil desempleados; al primer trimestre de 2008 ya eran 2 millones 365 mil. Cada día de este gobierno se han perdido 811 empleos; 33 por hora, uno cada dos minutos.

Según el IMSS, de enero a julio de 2009 se perdieron 460 mil empleos formales; a septiembre, la cifra ascendió a 540 mil. El servicio nacional de empleo sólo coloca a 22.2 por ciento de las personas que atiende; en 2001 colocaba el 36.9 por ciento.

El mundo del trabajo que está dejando la administración a su cargo es menos productivo y más inseguro: en 2009, la productividad cayó 7.6 por ciento, la mayor baja de la historia. En 2004, el IMSS registró 361 mil riesgos de trabajo, para 2008 se llegó a 507 mil.

Los aumentos salariales pierden la carrera con los precios. El salario mínimo acumula una caída de 72 por ciento por lo que no cumple su cometido constitucional de garantizar un ingreso suficiente al trabajador y su familia. De enero de 2008 a agosto de 2009, el precio de la canasta básica aumentó 16.5 por ciento; ningún salario tuvo ese incremento, incluso los salarios contractuales reales cayeron 1.35 por ciento en el primer trimestre del año.

Ajeno a esta realidad, el Ejecutivo pretende que esta Cámara apruebe un presupuesto para 2010 menor en 12.1 por ciento en términos reales respecto al del año en curso. De aprobarse el proyecto presupuestal habrá menos recursos para programas de equidad de género, hoy de “igualdad laboral”; para seguridad y salud en el trabajo; para capacitación y para inspección, entre otros.

Los programas de apoyo directo a trabajadores y empresas tendrían en conjunto 127 millones de pesos menos.

4. Si esto no fuera suficiente, tenemos una mesa de diálogo con la Secretaría del Trabajo desde enero de 2007 sin ningún resultado, debido a la falta de voluntad política de los representantes del gobierno en esta Mesa, entre la cuales se encuentra usted, como titular de la Secretaría del Trabajo. Ni una sola de nuestras demandas inmediatas mereció una respuesta favorable; nuestro proyecto jamás fue debatido ni analizado a fondo por nuestra contraparte, pese a que desde entonces advertíamos de la inminencia de una crisis como la que finalmente estalló en octubre de 2008.

Por eso la sociedad espera de nosotros, como legisladores federales, respuestas desde el ámbito del Poder Legislativo al desempleo, la caída salarial, el cierre de empresas y el recorte presupuestal.

Desde nuestro punto de vista, debe ponerse fin a la intervención discrecional del Estado en la vida interna de los sindicatos, promover organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo, así como crear nuevas instituciones que busquen resolver eficazmente los conflictos de intereses contrapuestos, como son los del capital y el trabajo.

Asimismo, es fundamental elevar el salario y las prestaciones, así como mejorar las condiciones de trabajo, en un obligado ejercicio de justicia social; fortalecer la contratación colectiva; acabar con los contratos de protección y responder a las innovaciones tecnológicas y organizativas y a los cambios productivos sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, garantizando la bilateralidad.

5. Queremos reiterar que el PRD rechaza esta política gubernamental de responsabilizar a los trabajadores y a sus contratos colectivos por la difícil situación financiera de las empresas públicas y privadas. Con ello se busca evadir la responsabilidad de los empresarios y de los funcionarios gubernamentales en la correcta administración de las mismas, convirtiendo a los presuntos pasivos laborales en la única causa de este quebranto. Para nosotros, las conquistas consagradas en los contratos colectivos de trabajo no son privilegios ni prebendas; son el resultado de la lucha de los trabajadores para conseguir el equilibrio entre los factores de la producción.

Diputado Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados; señor Secretario del Trabajo, Javier Lozano:

Varias de las atribuciones que le corresponden a usted han dejado de cumplirse en esta gestión. Ni remotamente, vigila la observancia y aplicación del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones; tampoco procura el equilibrio entre los factores de la producción; no ha sido capaz de promover el incremento de la productividad del trabajo, el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento y dirige con resultados mínimos la política de empleo.

Ahora vemos claramente que éste es el cambio que nos proponen como gobierno: utilizar la ley de manera discrecional para golpear, no negociar, para ser selectivo con quienes no comparten sus proyectos, para ganar credibilidad con estas acciones en los procesos electorales.

Queremos decirles claramente: violaron la ley de manera flagrante y vamos a luchar con todo a nuestro alcance para revertir esta decisión en el Congreso, en los tribunales, con la movilización, y rodearemos al Sindicato Mexicano de Electricistas de toda la solidaridad que sea necesaria. Ya lo dije aquí hace unos días: igual que el gobierno, queremos una solución, pero a diferencia de usted, queremos una salida legal, negociada y pacífica.

Muchas gracias.

Dip. Francisco Hernández Juárez. Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de octubre de 2009

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octubre 26, 2009Enlace permanente

Propuesta con punto de acuerdo, depósito de residuos tóxicos

 

 PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN, SEMANRNAT Y PROFECO INSTALAR LA MESA DE DIALOGO  CON RELACION AL PROYECTO DE CONFINAMIENTO DE DESECHOS INDUSTRIALES EN ZIMAPAN, HIDALGO.

 El que suscribe Diputado Federal Francisco Hernández Juárez de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a  consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

 Consideraciones

 En julio de 2004 la empresa española Abengosa-Befesa presenta el “Proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable” a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con una inversión en la primera etapa de 9 millones de dólares.

 El  proyecto plantea construir  un confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos más grande de México y de América Latina, en 133 hectáreas a escasos seis kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo.

 Este confinamiento tiene capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos con la finalidad de estabilizarlos mediante un proceso en el que utiliza cal, cemento y arcilla. Al entrar en operación este recibirá 170 mil toneladas de residuos tóxicos y peligrosos al año.

 El municipio de Zimapán cuya explotación minera ha ocasionado el  índice de mayor contaminación ambiental y más alta concentración de arsénico en sus mantos acuíferos en el país y, de  tener un alto rango de enfermedades de cáncer y diabetes en su población, se encuentra en un riego mayor con la instalación de este basurero de desechos tóxicos.

 La instalación de este proyecto a ocasionado conflictos agrarios ya que los integrantes del ejido de Mezquite Segundo, ha demostrado en los tribunales  que el confinamiento se edifico en su propiedad y no en el ejido de San Antonio como se cita en el manifiesto de impacto ambiental.

 El pueblo de Zimapán se ha organizado para rechazar la edificación del confinamiento por el impacto ambiental y las violaciones que la empresa española ha efectuado a las normas  establecidas para su autorización.

 El desacato a la orden judicial emitida  por  el Tribunal Colegiado de Distrito con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo    que otorga suspensión provisional   al amparo interpuesto por el Consejo Municipal de suspender sus actividades, hasta que se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y salud de los habitantes de este municipio.

 La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat en el resolutivo GPA.DGIRA.646.04 admite que no se realizó ninguna consulta pública al proyecto.

 A pesar de estas resoluciones a favor del pueblo de Zimapán, la respuesta a sus peticiones ha sido la represión, por parte del gobierno Federal y estatal a lo largo de más de dos años de lucha jurídica y de movilizaciones para defender su calidad de vida, ante la empresa Befesa cuyo historial  de contaminación por el mal manejo de los materiales tóxicos  ha sido denunciada por los grupos ambientalistas en Huelva, España.

 El Consejo Municipal a través de su presidente, han buscado a las instancias federales para encontrar una salida a su petición de cancelar este proyecto, para ello han solicitado a expertos en geología y medio ambiente estudios independientes que les permita conocer el impacto real de este basurero toxico.

 A partir que el dirigente de la resistencia contra el confinamiento de Befesa, José María  Lozano Moreno gana la presidencia municipal de Zimapán, la Secretaría de Gobernación lo cita el 2 de septiembre de 2009 a una  reunión con  el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Jerónimo Gutiérrez Hernández, y el Secretario de Gobernación del estado de Hidalgo Gerardo González Espinola.

 Ante el temor de sufrir alguna medida judicial, el presidente municipal solicita a organizaciones sindicales y de derechos humanos lo acompañen. El subsecretario de Gobernación planteo  que dada la resolución judicial,  la empresa ha cumplido los requisitos establecidos y, se dan 24 horas para que entre en operación con o sin el consentimiento de la representación municipal.

 El ultimátum de la SEGOB, pone en alerta a la comunidad de Zimapán, ante la posible entrada de  la fuerza publica para permitirle a la empresa Befesa entrar a funcionar, a pesar  de que la población este en contra.

 La Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de dialogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y se comprometió a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas, hasta la fecha se esta en espera de este llamado.

 Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición

 Punto de Acuerdo

 Primero. Se exhorta al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, convocar a la instalación de la mesa de dialogo a la brevedad posible, con la representación del municipio de Zimapán, a fin de analizar y tomar las medidas conducentes  que beneficien a la comunidad y evitar una salida represiva a este problema.

Segundo. Convocar a las autoridades competentes Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal del Consumidor para evaluar los impactos ambientales bajo las normas nacionales e internacionales a través de un tercero para garantizar la objetividad del resultado y, evaluar la viabilidad de la planta de residuos industriales, la afectación al medio ambiente y la calidad de vida de la población.

 Poder  Legislativo de  San Lázaro, a 10 de septiembre de 2009

octubre 26, 2009Enlace permanente