POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD CONTRA EL DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Subo a esta tribuna para expresar el voto razonado de mi Grupo Parlamentario ante las modificaciones aprobadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Nos parece un abuso y una burla que el gobierno mantenga una política de ingresos basada en seguir despojando de sus míseros ingresos a los contribuyentes cautivos, que son la masa de trabajadores asalariados del sector formal.

Dos terceras partes de los contribuyentes son personas físicas asalariadas que aportan el 42 del impuesto sobre la renta; de éstos, 55 por ciento reciben tres salarios mínimos o menos.

La estrategia de recaudar de este sector cada vez más empobrecido nos muestra las intenciones de un gobierno empecinado en proteger privilegios de las grandes empresas e incumplir los principios de equidad y proporcionalidad establecidas en la Constitución.

En vez de aumentar la base de contribuyentes, de atacar los regímenes especiales, de acabar con paraísos fiscales o de eficientar y transparentar la recaudación, se propone aumentar las tasas de quienes ya sostienen la hacienda pública.

El Grupo Parlamentario del PRD presentó un conjunto de propuestas para mejorar los ingresos públicos en el próximo ejercicio fiscal. En el debate que dio lugar al presente dictamen no se tomaron en cuenta; se privilegió la discusión cupular, la defensa de intereses de grupos de poder en vez del interés general.

Como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza, se ataca a quienes menos tienen, se socializan los costos de la crisis y se protege a sectores sociales auténticamente privilegiados. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2000 y 2005, las principales empresas mexicanas sólo pagaron 141 pesos por concepto de IVA e ISR. Los regímenes especiales, auténticos trajes a la medida de sectores auténticamente privilegiados, de no tener las excepciones que persisten en la ley permitirían recaudar cerca de 733 mil millones de pesos, según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cambio, un trabajador medio, con un ingreso mensual de cerca de 10 mil pesos, debe entregar al fisco 1 mil 037 pesos cada mes y con las modificaciones a discusión se aumentará esta carga.

Al parecer los grupos en el poder esperan aplicar un mayoriteo mecánico en esta votación y tal vez en la colegisladora, confiados en que la correlación de fuerzas en el Congreso les favorece en este momento. Sin embargo, no harían mal en pensar que afuera de este recinto el descontento social, los agravios a la población trabajadora, las promesas incumplidas de cambio y de justicia social terminarán por no favorecerles y se estará creando una situación de polarización social, de mayor empobrecimiento cuyos efectos sobre la estabilidad y el desarrollo de nuestro país son incalculables.

Nuestro Grupo Parlamentario llama a un voto razonado y en conciencia sobre este dictamen, esperando que la conciencia cívica y patriótica de los integrantes de esta Asamblea prevalezca sobre los intereses y los privilegios que están llevando a nuestro país a una situación insostenible.

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octubre 26, 2009Enlace permanente

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

En tribuna del Congreso

En tribuna del Congreso

Diputado Presidente,

Compañeras diputadas,

Compañeros diputados,

Señor Secretario del Trabajo, Javier Lozano,

1. La mayoría de las organizaciones de la UNT y del movimiento nos sentimos profundamente agraviados por la agresión orquestada contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Las atribuciones constitucionales y legales del secretario de Trabajo no incluyen hacer declaraciones de guerra contra los sindicatos. Calificar, como lo hizo, de asunto concluido e irreversible la extinción de Luz y Fuerza sin agotar los recursos contemplados en la Constitución y las leyes, negando el derecho de audiencia y la garantía del legítimo proceso a los trabajadores inconformes contra el decreto de extinción es una manera ominosa no sólo de atacar el derecho laboral y de negar su investidura como intermediario entre los factores de la producción, además niega de manera escandalosa la vigencia el estado de derecho: cualquier ciudadano afectado por un acto de autoridad tienen la garantía de solicitar la protección del Poder Judicial Federal, sea a través del amparo o mediante la controversia constitucional que se encuentra en estudio en esta Soberanía.

Déjeme decirle que nadie puede estar en contra de corregir las deficiencias de Luz y Fuerza del Centro, de que el Sindicato Mexicano de Electricistas actualice y modernice su relación laboral con la empresa. Pero pretender hacernos creer que todos los problemas de Luz y Fuerza son responsabilidad de los trabajadores y su sindicato es ofender nuestra inteligencia. Es el viejo discurso de la derecha con sus políticas económicas neoliberales que carga sobre la espalda de los trabajadores todo el peso del ajuste. No les ha bastado diminuir en 70 por ciento el salario real, gravar prestaciones, privatizar las pensiones, precarizar el empleo; ahora también van por los sindicatos.

2. Lamentablemente, esta agresión no es el único caso en que se pone de manifiesto el desapego de las autoridades laborales respecto a sus funciones sustantivas. Miles de trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria o el INCA Rural viven en la incertidumbre ante los anuncios del cierre de sus dependencias. Los trabajadores de Vidriera del Potosí o Mexicana de Aviación se han enfrentado a la estrategia empresarial de interponer conflictos de carácter económico, que se han utilizado para desaparecer fuentes de trabajo o reducir sus prestaciones con la complacencia de las autoridades laborales.

En vez de buscar solucionar estos conflictos por la vía del diálogo, el secretario Lozano politiza asuntos laborales para prolongar su obsesión de enfrentarse a la dirigencia del gremio minero.

Los trabajadores del sindicato minero han demostrado hasta dónde están dispuestos a llegar por la defensa de la autonomía sindical. Criminalizar la resistencia como lo han hecho el actual y el anterior secretario del trabajo no abona a resolver el conflicto. Hoy, los conflictos siguen vigentes, se mantiene la polarización y se ha llegado a una violencia que ha cobrado vidas de los trabajadores en lucha.

3. Su gestión no sólo ha cometido estos atropellos. Como responsable de conducir la política de fomento al empleo y proteger el salario, sólo reporta malos resultados.

De acuerdo al INEGI, al iniciar este gobierno había un millón 601 mil desempleados; al primer trimestre de 2008 ya eran 2 millones 365 mil. Cada día de este gobierno se han perdido 811 empleos; 33 por hora, uno cada dos minutos.

Según el IMSS, de enero a julio de 2009 se perdieron 460 mil empleos formales; a septiembre, la cifra ascendió a 540 mil. El servicio nacional de empleo sólo coloca a 22.2 por ciento de las personas que atiende; en 2001 colocaba el 36.9 por ciento.

El mundo del trabajo que está dejando la administración a su cargo es menos productivo y más inseguro: en 2009, la productividad cayó 7.6 por ciento, la mayor baja de la historia. En 2004, el IMSS registró 361 mil riesgos de trabajo, para 2008 se llegó a 507 mil.

Los aumentos salariales pierden la carrera con los precios. El salario mínimo acumula una caída de 72 por ciento por lo que no cumple su cometido constitucional de garantizar un ingreso suficiente al trabajador y su familia. De enero de 2008 a agosto de 2009, el precio de la canasta básica aumentó 16.5 por ciento; ningún salario tuvo ese incremento, incluso los salarios contractuales reales cayeron 1.35 por ciento en el primer trimestre del año.

Ajeno a esta realidad, el Ejecutivo pretende que esta Cámara apruebe un presupuesto para 2010 menor en 12.1 por ciento en términos reales respecto al del año en curso. De aprobarse el proyecto presupuestal habrá menos recursos para programas de equidad de género, hoy de “igualdad laboral”; para seguridad y salud en el trabajo; para capacitación y para inspección, entre otros.

Los programas de apoyo directo a trabajadores y empresas tendrían en conjunto 127 millones de pesos menos.

4. Si esto no fuera suficiente, tenemos una mesa de diálogo con la Secretaría del Trabajo desde enero de 2007 sin ningún resultado, debido a la falta de voluntad política de los representantes del gobierno en esta Mesa, entre la cuales se encuentra usted, como titular de la Secretaría del Trabajo. Ni una sola de nuestras demandas inmediatas mereció una respuesta favorable; nuestro proyecto jamás fue debatido ni analizado a fondo por nuestra contraparte, pese a que desde entonces advertíamos de la inminencia de una crisis como la que finalmente estalló en octubre de 2008.

Por eso la sociedad espera de nosotros, como legisladores federales, respuestas desde el ámbito del Poder Legislativo al desempleo, la caída salarial, el cierre de empresas y el recorte presupuestal.

Desde nuestro punto de vista, debe ponerse fin a la intervención discrecional del Estado en la vida interna de los sindicatos, promover organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo, así como crear nuevas instituciones que busquen resolver eficazmente los conflictos de intereses contrapuestos, como son los del capital y el trabajo.

Asimismo, es fundamental elevar el salario y las prestaciones, así como mejorar las condiciones de trabajo, en un obligado ejercicio de justicia social; fortalecer la contratación colectiva; acabar con los contratos de protección y responder a las innovaciones tecnológicas y organizativas y a los cambios productivos sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, garantizando la bilateralidad.

5. Queremos reiterar que el PRD rechaza esta política gubernamental de responsabilizar a los trabajadores y a sus contratos colectivos por la difícil situación financiera de las empresas públicas y privadas. Con ello se busca evadir la responsabilidad de los empresarios y de los funcionarios gubernamentales en la correcta administración de las mismas, convirtiendo a los presuntos pasivos laborales en la única causa de este quebranto. Para nosotros, las conquistas consagradas en los contratos colectivos de trabajo no son privilegios ni prebendas; son el resultado de la lucha de los trabajadores para conseguir el equilibrio entre los factores de la producción.

Diputado Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados; señor Secretario del Trabajo, Javier Lozano:

Varias de las atribuciones que le corresponden a usted han dejado de cumplirse en esta gestión. Ni remotamente, vigila la observancia y aplicación del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones; tampoco procura el equilibrio entre los factores de la producción; no ha sido capaz de promover el incremento de la productividad del trabajo, el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento y dirige con resultados mínimos la política de empleo.

Ahora vemos claramente que éste es el cambio que nos proponen como gobierno: utilizar la ley de manera discrecional para golpear, no negociar, para ser selectivo con quienes no comparten sus proyectos, para ganar credibilidad con estas acciones en los procesos electorales.

Queremos decirles claramente: violaron la ley de manera flagrante y vamos a luchar con todo a nuestro alcance para revertir esta decisión en el Congreso, en los tribunales, con la movilización, y rodearemos al Sindicato Mexicano de Electricistas de toda la solidaridad que sea necesaria. Ya lo dije aquí hace unos días: igual que el gobierno, queremos una solución, pero a diferencia de usted, queremos una salida legal, negociada y pacífica.

Muchas gracias.

Dip. Francisco Hernández Juárez. Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de octubre de 2009

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octubre 26, 2009Enlace permanente